Los ayuntamientos aplicarán una normativa común sobre vertidos

Una ordenanza general sobre vertidos que prepara la Consellería de Medio Ambiente permitirá a los ayuntamientos ejercer mayor control sobre las empresas que vierten materias orgánicas o contaminantes a las redes de saneamiento municipales.

El propio conselleiro Manuel Vázquez explicará los detalles de la nueva normativa en la reunión que mantendrá el próximo jueves con los alcaldes que integran la Mancomunidad de Municipios del Salnés, en la que también anunciará los nuevos proyectos de su gabinete para la depuración de vertidos en esta comarca.

Así lo anunció ayer el alcalde de Cambados, José Tourís, después de mantener una reunión con el director general de Augas de Galicia, José Luis Romero, a la que también asistió la alcaldesa de Ribadumia, Salomé Peña. Ambos ayuntamientos, junto con el de Vilanova, reclaman una nueva depuradora de residuos que permitiría sanear definitivamente el río Umia.

Con un presupuesto de 10 millones de euros, el proyecto de esta nueva estación se encuentra en fase de redacción y los alcaldes implicados pretenden que la Xunta incluya esta obra en los presupuestos del próximo año.

Esta nueva estación depuradora garantizará el saneamiento integral del río, a su paso por los municipios de Vilanova, Meis, Ribadumia y Cambados. También prevé resolver los problemas generados por los vertidos de las empresas de los polígonos industriales asentados en estos ayuntamientos que desembocan a la red general de la mancomunidad.

Vázquez ya había anunciado en su última visita a Cambados medidas más rígidas para las empresas que vierten a los ríos y no cuentan con los sistemas de autodepuración. El conselleiro pidió la colaboración de los ayuntamientos para que sancionen a aquellas industrias infractoras que están radicadas en su demarcación municipal.

Sanciones a empresas

De hecho, la Mancomunidad del Salnés sancionó recientemente a tres empresas, dos conserveras y un cocedero de mariscos, con 3.000 euros. Según los análisis, una de ellas superaba diez veces los parámetros permitidos. De repetirse los vertidos, los ayuntamientos han amenazado con cortarles la conexión a la red de saneamiento.

La mayoría de estas empresas cuentan con el sistema de depuración que exige la actual legislación, pero muchas no lo utilizan a diario por el elevado coste que supone su funcionamiento. Se trata de un gasto adicional para las industrias que se estima entre 60 y 70.000 euros anuales.

Aunque se trata de aguas residuales, los controles analíticos han detectado, además, un elevado índice de salinidad en estos vertidos, lo cual resta eficacia a los medios que tienen los ayuntamientos para tratamiento y depuración de residuos y que Medio Ambiente está tratando de mejorar con la ejecución de nuevos proyectos.