El Congreso de EE UU levanta la impunidad a los mercenarios en territorio iraquí

Acuciada por el mortal tiroteo a manos de los empleados de Blackwater del pasado mes de septiembre en Bagdad, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves por la noche por abrumadora mayoría, y contra los deseos de la Casa Blanca, que las empresas de seguridad y los contratistas que trabajen en Irak y otras zonas en conflicto estén sujetos a las leyes norteamericanas. La medida requerirá que sea el FBI quien investigue cualquier alegación de abusos. La votación en la Cámara de Representantes registró 389 votos a favor y 30 en contra.

La citada votación expande el alcance de la existente Ley de Jurisdicción Militar Extraterritorial del año 2000, que hasta la fecha había tenido poca o nula práctica y que no era aplicable a firmas como Blackwater, que trabaja para el Departamento de Estado protegiendo a personal diplomático en Irak, y quien alega que su labor no está directamente relacionada con operaciones militares de guerra.

La nueva ley aprobada por la Cámara establece que cualquier empleado de una de las firmas de seguridad privadas que trabajan en el extranjero y que cometa un delito que, si fuera perpetrado en EE UU acarrearía al menos un año de prisión, quede bajo jurisdicción de las leyes norteamericanas. El FBI deberá asignar unidades de investigación para cada zona de guerra en la que está implicado Estados Unidos y donde presten sus servicios estas compañías.

Los contratistas que cobran del Departamento de Defensa ya están bajo la jurisdicción legal norteamericana, pero aquellos que trabajan para otras agencias de la Administración de Bush estaban en un limbo jurídico que les permitía no tener que responder ante los tribunales en asuntos tan turbios como el asesinato del guardaespaldas de uno de los vicepresidentes de Irak las pasadas navidades. Hasta ahora, la doctrina de la Administración era que el tipo de legislación aprobada por la Cámara el jueves pondría excesivas cargas sobre el Ejército ya que tendría que dar apoyo a las investigaciones criminales en zona de guerra.

Ayer, la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, reforzaba el control sobre las operaciones de la firma privada de seguridad en Irak y ordenaba "acciones para mejorar la responsabilidad y control" tras el ataque de Blackwater del 16 de septiembre que dejó 17 civiles iraquíes muertos, según el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack.

"Obviamente incorrecta". Así definía un militar de alto rango la actuación de Blackwater el pasado septiembre, según un informe publicado ayer por The Washington Post. Según el recuento de los hechos del 16 de septiembre que está en posesión del Pentágono, Blackwater es responsable de las muertes. "Los civiles sobre los que se disparó no tenían armas con las que responder al ataque. Ninguno de los agentes iraquíes o de los miembros de las fuerzas de seguridad respondió al fuego", según este militar.

Aquel día, los agentes de Blackwater tenían que proteger a personal del Departamento de Estado. Al pasar con su convoy por la plaza Nisoor, en Bagdad, un coche bomba explosionó, concentrando a un gran número de curiosos. Entonces, los agentes de Blackwater se comportaron como cowboys. "Exageran en muchas situaciones", dice el militar. "Cuando se trata de disparar, lo hacen más rápido que los demás".