El Parlamento vasco pide "solemnemente" perdón a las víctimas del terrorismo

El contexto, marcado por los nuevos planes del lehendakari, Juan José Ibarretxe, y por las detenciones de dirigentes de Batasuna, no impidió ayer el consenso en el Parlamento vasco en torno a las víctimas del terrorismo. PNV, PSE, PP, EA y EB pactaron 20 resoluciones. Sólo una escapó al acuerdo: la que encarga al Gobierno vasco, para antes del 31 de marzo, un informe sobre víctimas de los GAL y un segundo sobre "otras víctimas de vulneraciones de derechos humanos". La resolución denomina "violencia de motivación política" a la de ETA. El PP posibilitó su aprobación al abstenerse.

El Parlamento vasco celebró ayer, con más de cuatro años de retraso, un pleno monográfico sobre las víctimas del terrorismo, para el que se mandató a sí mismo el 25 de junio de 2003. El debate, en el que los grupos pactaron que no interviniera el Gobierno vasco, debe celebrarse anualmente. El próximo será en mayo, fecha tope que se dio al Ejecutivo autónomo para que cumpla la totalidad de los acuerdos alcanzados en aquella fecha y muchos de los cuales están pendientes.

La sesión llegaba marcada por los planes expuestos hace una semana por el lehendakari, y por las detenciones de dirigentes de Batasuna, pero ello no impidió a los grupos, a excepción de EHAK y Aralar, alcanzar el consenso en las veinte resoluciones que salieron aprobadas con los 65 votos de PNV, PSE, PP, EA y EB. La Cámara tiene 75 parlamentarios.

La sorpresa la dio el PP al permitir, con su abstención, que el tripartito y Aralar sacaran adelante además un mandato al Gobierno vasco para que realice, antes del 31 de marzo, un informe sobre víctimas de los GAL, ya reconocidas como víctimas del terrorismo, y de la extrema derecha o incontrolados.

También encarga un segundo estudio que identifique a "otras víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política" y posibilite su "reconocimiento moral y reparación" también para ellas. Los denunciantes de presuntas torturas, por ejemplo, entrarían de lleno en esta definición. El informe lo hará la dirección de derechos humanos, adscrita al Departamento de Justicia dirigido por Joseba Azkarraga.

Con el consenso de los tres grupos del tripartito, el PP y el PSE, el Parlamento pidió perdón "solemnemente" a las víctimas de ETA por "el olvido y el desamparo" que han soportado, hace suyos los objetivos de "memoria, dignidad y justicia" que las mueven, y manifiesta que ellas representan los valores de "la libertad y el pluralismo" frente al "totalitarismo y el fanatismo" de ETA.

El desenlace de consenso compensó una sesión más bien falta de calor. La tribuna de autoridades estuvo casi vacía. Sólo acudieron el delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, y el ararteko (defensor del pueblo autonómico), Iñigo Lamarca. No asistieron ni los máximos responsables de las diputaciones y las Juntas Generales, ni el representante de la Asociación de Municipios vascos, Jokin Bildarratz, ni diputados en el Congreso y senadores, que sí se volcaron el viernes anterior en la exposición de planes de Ibarretxe.

Las presencias y las ausencias y las declaraciones de las asociaciones y fundaciones de víctimas asistentes dejaron ver recelos y divisiones de calado.

Doce de los 22 grupos que habían sido invitados no acudieron y Covite, que sí lo hizo, acusó en los pasillos a Ibarretxe de "incumplimiento flagrante" de las medidas acordadas hace cuatro años. Su portavoz, Cristina Cuesta, dijo que ha cumplido con "tibieza" algunas sólo para "lavarse la cara" y añadió que el nacionalismo sigue dando "cobertura y legitimación política" a ETA. El portavoz de la asociación catalana, Roberto Manrique, criticó, por el contrario, a quienes intentan "meter a las víctimas en el saco" de los intereses políticos de un partido, en referencia al PP.

La Cámara instó al Gobierno vasco a deslegitimar política y socialmente a ETA y a mejorar la financiación de las agrupaciones de víctimas y le dio un mes para presentar un calendario que garantice que en mayo de 2008 estarán cumplidas todas las medidas pactadas desde 2003. PSE y PP no lograron que se suprimieran las subvenciones para visitas a los presos de la banda terrorista.