El juez devuelve a Isabel Pantoja la fianza de 90.000 euros contra la opinión del fiscal

El juez Óscar Fernández, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, ha decidido retirar la fianza de 90.000 euros impuesta a Isabel Pantoja por los delitos de blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda Pública, investigados en una pieza separada del caso Malaya, en la que también están implicados el ex alcalde Julián Muñoz y su ex esposa Mayte Zaldívar.

Según fuentes judiciales, la decisión del magistrado va en contra de la postura del ministerio fiscal, que se negó a que se retirara esta medida cautelar impuesta a la tonadillera tras su detención el pasado 2 de mayo. El magistrado notificó su decisión el miércoles a través de un auto de seis páginas en el que también permite a la cantante flexibilizar las fechas en las que tendrá que presentarse en los juzgados para firmar, ya no ha de ceñirse al 1 y 15 de cada mes, y le da oportunidad de hacer viajes internacionales justificados, como ya ha hecho en alguna ocasión previa presentación de los contratos que acrediten sus actuaciones.

La abogada de Isabel Pantoja explicó ayer que el magistrado ha tomado esta decisión en virtud de una petición que realizaron el pasado julio solicitando una revisión de las medidas cautelares. En esta fecha la causa por la que también están imputados el ex alcalde Julián Muñoz y su ex esposa Mayte Zalvídar ya estaba separada del caso Malaya. "El juez ha entendido que la gravedad de los hechos investigados en esta pieza separada no tiene nada que ver con la trama de corrupción municipal, porque allí se está juzgado corrupción, malversación, cohecho o fraude", mantuvo Otondo. A ello se ha añadido que el sumario se encuentra "muy avanzado" y que no existe "riesgo de fuga" por parte de su representada.

El pasado martes, el mismo magistrado celebró una vistilla para decidir sobre la situación procesal de Julián Muñoz en el mismo caso. La Fiscalía solicitó que se dictara prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros, y la defensa del ex regidor, Javier Saavedra, se mostró en contra.

Ocho ediles de diferentes corporaciones del GIL, la mayoría imputados en el caso Malaya, acudieron ayer al Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella para declarar por diferentes causas urbanísticas. La ex alcaldesa Marisol Yagüe y la que fue primera teniente de alcalde Isabel García Marcos fueron interrogadas por dos diligencias previas contra la ordenación del territorio. Una de ellas por la licencia de obra del Hotel Guadalpín Banús, cuyo proyecto básico ya había aprobado la anterior corporación en 2002. García Marcos y Yagüe negaron haber cometido delito alguno porque "nadie" les informó de que estaban haciendo algo ilegal y mantuvieron que lo único que hicieron fue darse por informadas cuando le presentaron unos informes técnicos que presumían correctos. Su otra declaración, fue por una de las diligencias desglosadas de la querella de la Fiscalía Anticorrupción, relativa a permutas y convenios. Según fuentes judiciales, se realizó a petición del ex asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, que declarará hoy.