Empresarios procesados declaran que tenían permiso municipal para verter al alcantarillado

La mayoría de los 11 industriales procesados por vertidos tóxicos a acequias del río Segura declararon ayer ante el tribunal que en todos los casos tenían autorización de los ayuntamientos en los que están radicadas sus fábricas para verter directamente a la red del alcantarillado público. "Una de las condiciones que pusimos para instalar la fábrica [una planta de conservas de alcachofas y pimientos] en el pueblo fue poder verter al alcantarillado de Dolores", declaró el industrial Juan Antonio González García, que junto con su hermano Pedro está procesado a instancias de la acusación particular. "El Ayuntamiento nos dio la autorización para construir la tubería y nunca nos abrió ningún expediente porque nuestros vertidos no se adecuaran a los parámetros autorizados", añadió.

Un error impedirá tomar declaración a todos los alcaldes en el cargo en el año 2001

A propuesta de la acusación particular, que ejercen los colectivos Ecologistas en Acción del País Valenciano y Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, también están procesados los empresarios Joaquín Canales, propietario de una empresa de conservas en San Fulgencio, y Martín Peral, dueño de una fábrica de cartonajes en Dolores. Ambos se escudaron en los mismos argumentos que los dos industriales anteriores para justificar la "legalidad" de los vertidos al alcantarillado de la red general de los respectivos municipios. "El único organismo con el que gestioné los vertidos fue el de Dolores", recalcó Peral. Estos cuatros encausados se enfrentan apenas que oscilan entre 6 meses y un año de cárcel.

Con anterioridad a estos cuatro procesados, el tribunal de la sección 7ª de la Audiencia de Alicante con sede en Elche, tomó declaración a otros cuatro empresarios, en este caso sí acusados por el ministerio público, el fiscal de Medio Ambiente, Juan Carlos Carranza. En total, la acusación pública ha procesado a siete industriales [tres de ellos ya declararon en la primera jornada de la vista oral, el lunes].

El empresario José Antonio Murcia Cayuelas, gerente de una industria de conservas de alcachofas, expresó su protesta por su procesamiento porque, según él, cuando se produjeron los hechos, en 2001, "no desempeñaba ya ninguna función en la empresa". Esta fábrica usa en su sistema de producción sal y ácido cítrico y vertía a los azarbes de Los Olivos y Las Viñas, en el término de Orihuela. La analítica realizada por los técnicos del Seprona en mayo de 2001 constató una alta presencia de amonio y una elevada concentración de cloruros. Esta empresa tenía autorización para realizar los vertidos de la Confederación Hidrográfica del Segura desde el año 1987. Para este acusado el fiscal pide dos años de cárcel.

El industrial José Bernabé Díaz, propietario de una fábrica dedicada a la fritura de patatas en Redován, también declaró que tenía autorización del municipio para realizar sus vertidos a la red general del alcantarillado. El empresario negó que realizara vertidos tóxicos. "Nunca recibí ningún requerimiento del Ayuntamiento sobre la necesidad de adecuar mis vertidos", puntualizó. Este acusado se enfrenta a cuatro años de cárcel

También otros cuatro años de prisión solicita el fiscal para el empresario Francisco Torá Díaz, dueño de una fábrica de ahumados y salazones en Redován. El industrial reiteró los mismos argumentos que el anterior, es decir, que vertía al alcantarillado con autorización del Ayuntamiento. La analítica del Seprona detectó altas concentraciones "de detergentes, aceites y grasas".

Por último, el industrial Tomás Ardid Más, dueño de una fábrica de tintes en la partida de oriolana de San Bartolomé, declaró que su industria nunca vertió en un azarbe de la Confederación. "Nunca llegué a obtener la autorización", explicó. El acusado, en cambio, sí admitió que realizó "pequeños vertidos" a un campo de cítricos aledaño, "pero con permiso del dueño y nunca se realizaron pruebas en el suelo de ese campo", puntualizó.

Pese a la insistencia de los acusados en que la autorización de lo vertidos era de los ayuntunmientos, en el sumario no hay procesado ningún cargo público ni funcionario municipal. Los alcaldes comparecerán el jueves como testigos. No obstante, el tribunal no podrá interrogar a todos los regidores en el cargo cuando sucedieron los hechos, debido a un error de la citación que se ha realizado de manera genérica y no nominal.

En la jornada de hoy, el tribunal interrogará a los tres restantes procesados a instancias de la acusación particular, los ex presidentes de la Confederación Juan Cánovas y Antonio Nieto y el ex Comisario de Aguas José Alemán. Un cuarto ex alto cargo también procesado ha fallecido. La acusación particular pide seis años de cárcel para cada uno de ellos.