Interpretación catastrofista

Nunca he acabado de entender qué utilidad le encuentran los dirigentes de los distintos partidos a la catarata de cifras con que inundan a los ciudadanos cada vez que se aproxima el proceso de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de los ciudadanos, una inmensa mayoría que está por encima del 95%, no está en condiciones de formarse una opinión de los presupuestos a partir de las cifras contradictorias que cada uno de los dirigentes de los distintos partidos le proporciona. Prácticamente nadie dispone del tiempo necesario para contrastar las cifras que se le vienen encima. Entre otras cosas porque las cifras de cada año no pueden ser entendidas sin ponerlas en comparación con las cifras del año o años anteriores e incluso, si se ha producido un cambio de mayoría parlamentaria, con las cifras de los presupuestos aprobados por la mayoría parlamentaria anterior. Lo que se le pide al ciudadano es, pues, un acto de fe en la palabra de quien a él se dirige y no que reflexione sobre la información que se le proporciona, para que se forme una opinión razonada.

El ciudadano, sin embargo, tiene que formarse alguna opinión sobre los presupuestos generales tanto del Estado como de su comunidad autónoma. Es mucho lo que la aprobación de tales normas supone para su vida, como para que pueda no interesarse por el contenido de las mismas. En consecuencia, no puede no estar informado de lo que las Cortes Generales y el Parlamento de su comunidad hacen.

La información la obtienen los ciudadanos a través de la utilización de los servicios públicos. Las cifras de los presupuestos pueden resultar incomprensibles para los ciudadanos, pero a la hora de tomar un transporte público, de matricular a un hijo en un centro escolar o de que su hijo, ya mayor de edad, se matricule en un centro universitario, o de circular por el territorio de la comunidad autónoma o del Estado, o de acudir a un centro sanitario, el ciudadano advierte si los servicios públicos mejoran o no. Y como en el día de hoy cada vez son más los ciudadanos que se mueven y conocen lo que ocurre fuera del territorio en el que viven, se tiene una impresión de en qué medida existe distancia entre lo que ocurre en tu comunidad y lo que sucede fuera de ella.

En los estudios de opinión los ciudadanos son preguntados regularmente por cómo perciben ellos que se vive en su comunidad y si entienden que se vive mejor o peor que en las demás comunidades autónomas. En Andalucía esa pregunta figura sistemáticamente en el estudio que publica EL PAÍS desde hace años con motivo del 28-F y la estabilidad de la respuesta es notable. En Andalucía no tenemos la sensación de que en nuestra comunidad se vive peor que en el resto del Estado. Es muy mayoritaria la opinión de quienes consideran que se vive igual o incluso mejor.

Por eso no cala la interpretación catastrofista que de la realidad andaluza se formula por los partidos políticos que están en la oposición y, singularmente, por el PA y el PP. Interpretación que se acaba de reiterar esta misma semana con motivo de la presentación por el ministro de Hacienda de los presupuestos para 2008. Julián Alvarez ha hablado de la inadecuación de los presupuestos tomando como referencia una imagen de Andalucía que únicamente existe en su imaginación. Y Arenas simplemente ha solicitado la dimisión del presidente de la Junta por haber sido engañado miserablemente.

En muy pocos meses vamos a tener ocasión de comprobar qué opinión de los presupuestos y del trato que recibe Andalucía en los mismos tienen los ciudadanos de nuestra comunidad. Cabría esperar que una vez que los ciudadanos andaluces hayan hablado en las urnas, cada dirigente político sea capaz de extraer las consecuencias. Porque en democracia, por definición, el único que no se equivoca es el cuerpo electoral. Su interpretación de los presupuestos es la única indiscutible.