Con la mancha electoral

El Gobierno se reservó una sorpresa final para el ejercicio económico de 2008. En los Presupuestos General del Estado para el año próximo, que ayer aprobó el Consejo de Ministros, incorporó una deflactación de la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que ahorrará a los contribuyentes casi 950 millones de euros, así como una elevación de los mínimos personales y familiares y la deducción por rentas de trabajo. Estas medidas, junto con la deducción por nacimiento o adopción de un hijo y la ya publicitada deducción por alquiler, facturan una rebaja fiscal de casi 2.300 millones de euros. En un primer análisis, es una decisión correcta. Porque el Gobierno pretende aliviar los efectos de la subida de los tipos de interés sobre las rentas bajas, y la mejor forma de aplicar una política compensatoria en tiempos de incertidumbre son los recortes fiscales selectivos. Es inevitable poner en relación esta decisión tributaria, correcta y ortodoxa, con las ayudas directas ofrecidas recientemente por el Gobierno, para salud dental, alquiler o supuesto estímulo de la natalidad, cuyos efectos se antojan más dudosos.

Por lo demás, los Presupuestos para 2008 mantienen los principios de política económica orientada a la estabilidad que se han seguido durante la legislatura. El límite del gasto crece lo que el PIB nominal y se anticipa un ligero superávit; la deuda pública seguirá disminuyendo, circunstancia que amplía la capacidad de financiación de la economía si acaso fuera necesario endeudarse más en el futuro. Las prioridades del gasto son tan razonables como las de Presupuestos anteriores. Destaca la inversión en I+D+i, calculada en 3.000 millones de euros. Conviene recordar que España sufre un notable déficit de infraestructuras y de formación. Más educación es mejor que más subsidios. Entre otras cosas, porque la educación es el método mejor para garantizar la igualdad de oportunidades.

Es oportuno, sin embargo, mencionar dos objeciones. La primera es que las previsiones económicas que sustentan los cálculos presupuestarios parecen un poco optimistas. De hecho, el cuadro macroeconómico, que mantiene un pronóstico de crecimiento del 3,3% el año próximo, es el que se elaboró en junio, antes de que apareciera en el horizonte la incertidumbre económica detonada por la crisis inmobiliaria estadounidense. Es cierto que las entidades financieras españolas no tendrán las dificultades de liquidez de los bancos europeos o americanos; pero la brusca caída de la confianza en activos financieros imprescindibles para canalizar las inversiones afectará sin duda a la actividad económica. La segunda objeción es que en las últimas semanas el electoralismo ha hecho presa del cálculo presupuestario. Y eso arruina la seriedad de las finanzas públicas.