17.575 millones y una tentación

Son 17.575 millones de euros. Es el superávit fiscal de 2006. Y en 2007 será una cifra parecida. Para un Gobierno en una de las campañas electorales más largas de todos los tiempos, es como un pastel a la puerta de un colegio. "Igual que una familia no puede asumir gastos a futuro que luego no consiga afrontar, así tenemos que actuar nosotros", señala el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. "El superávit no es un objetivo en sí mismo, es un colchón que nos debe permitir afrontar periodos más problemáticos".

Ángel Laborda, director del Servicio de Estudios Funcas, recuerda que el superávit es algo coyuntural. Si bien la economía crece ininterrumpidamente durante los últimos 10 años, superávit sólo ha habido en dos ejercicios: 2005 y 2006. "No hay garantía de que vayamos a tenerlo siempre. Si se quieren mejorar las prestaciones sociales la vía es muy clara: se suben los impuestos". Nadie, por supuesto, está dispuesto.

Para saber hasta qué punto la caja de los casi 18.000 millones de euros no es tan sólida como parece, conviene saber que las dos terceras partes proceden del superávit de la Seguridad Social. Esto es, 12.000 millones de euros. "En rigor, son un falso superávit", señala Ocaña. ¿Por qué? Es un dinero que los trabajadores abonan a la Seguridad Social y al que ésta echará mano para pagar las pensiones futuras.

Los sindicatos tienen sus matices. "La posición de la Seguridad Social va a cambiar en una década a raíz del incremento del número de pensiones; por tanto, sería conveniente no adoptar medidas con fuertes repercusiones en el gasto. Sería mejor, destinar todo el superávit a reserva. De otra forma, corremos riesgos a medio plazo", advierte Miguel Ángel García, director del gabinete técnico del sindicato CC OO. En cambio, UGT tiene su propia versión del "margen de maniobra". Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical, señala que es un hecho fuera de debate que las prestaciones sociales en España son más bajas respecto a los grandes países industriales de Europa, al tiempo que el reparto de la renta sigue siendo muy desigual. "Hay margen suficiente, pues, para corregir con prudencia ese diferencial y mejorar las prestaciones sociales y los servicios públicos. Si no lo hacemos ahora que somos los campeones de crecimiento en Europa, ¿cuándo lo haremos?", se pregunta Ferrer.

Federico Prades, asesor económico de la Asociación Española de Banca (AEB), no duda de que con crecimientos del orden del 3% la economía española gozará de un superávit fiscal sostenido. "El problema es la calidad del gasto. Hay que huir de los subsidios y poner todo el esfuerzo por mejorar todo aquello que favorezca la economía productiva: investigación y desarrollo, infraestructuras, educación. Si se quiere usar racionalmente una parte del superávit, ésos deberían ser los destinos del mismo". Prades estima que "el mejor gasto social es el empleo".

Quedan, pues, 6.000 millones de euros para completar los 18.000 millones de superávit. Esta cantidad corresponde al Gobierno central y en esta franja hay un margen de maniobra, aunque menor. Las dos terceras partes están originadas en el ciclo económico: un crecimiento sostenido del orden del 3% durante 10 años.

Una parte de esos ingresos proceden, cómo no, del boom inmobiliario bajo la forma de impuestos pagados. Si ahora se dejan de vender pisos y caen los precios, Hacienda perderá recaudación.

Las dos fuentes del superávit actual son el fuerte crecimiento de los ingresos y su coexistencia con tipos de interés bajos, históricamente hablando, que han permitido abaratar la deuda. Y, precisamente, tanto una fuente como la otra pueden alterar su comportamiento en el corto y medio plazo.

"No se pueden adoptar compromisos de gastos permanentes, sobre la base de un superávit de carácter coyuntural", insiste Laborda.

Pero cuando hay elecciones a seis meses vista es difícil "vender" con facilidad, contra viento y marea, la ortodoxia y responsabilidad económica. El equipo de Pedro Solbes lo sabe muy bien. En momentos en que se está ultimando el nuevo presupuesto, la cola de ministros con peticiones de fondos para ayudas sociales se alarga.

"Podemos hacer cosas", admite Ocaña, quien quiere diluir la imagen de racanería del ministro-presidente. Para 2008, el techo de gasto se ha establecido en el 6,7%, 9.000 millones de euros más que en 2007, pero en línea con años anteriores, en los cuales -todo hay que decirlo- no hubo elecciones generales.