Euskadi sólo destinó un 0,15% del PIB a la cooperación al desarrollo en 2006

El País Vasco ha destacado tradicionalmente por su ayuda a la cooperación internacional. Sin embargo, sólo destina a este fin el 0,15% del producto interior bruto (PIB), muy lejos del 0,7% fijado por la ONU como objetivo en 1970, según un estudio de la ONG Alboan presentado ayer. Aunque el Gobierno ha subrayado que su compromiso se proyecta sobre el 0,7% de sus presupuestos, no del PIB, la realidad es que la ayuda consignada en 2006 fue del 0,45% del gasto total. Alboan cree también que debe mejorarse la gestión de las ayudas y la coordinación entre las instituciones.

60 millones de euros del presupuesto de la comunidad autónoma se destinaron en 2006 a proyectos de desarrollo, según las estimaciones que detalla Alboan en el informe Zenbakiez harago [Más allá de los números]: La cooperación al desarrollo vasca a debate, financiado por la Caja Laboral. A esta cifra habría que añadir otros 31,2 millones que aportaría a través del Cupo al gasto en desarrollo del Estado, como lo que la cifra alcanza los 91,2 millones, el 0,15% del PIB.

A falta de una información precisa de la parte del Cupo atribuible a cooperación, la ONG vinculada a los jesuitas, ha establecido tres hipótesis sobre la aportación global. Se situaría entre el entre el 0,15% mencionado -el porcentaje que considera más fiable, inferior al de los países menos generosos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)- y el 0,38% en la hipótesis más favorable, la cual ubicaría a la CAV ligeramente por encima de la media de los países donantes, pero lejos todavía del 0,7% del PIB.

"Nuestra economía está al nivel de los países que donan el 0,7%

[Suecia, Luxemburgo, Noruega, Holanda y Dinamarca] en cuanto a renta per cápita. Si nos comparamos con ellos en riqueza, deberíamos acercarnos también en compromiso social", subrayó Noemí de la Fuente, coautora del estudio junto con Miguel González.

La Ley de Cooperación Vasca, aprobada en febrero con los votos del tripartito, Aralar y EHAK, fija como objetivo incrementar progresivamente las partidas de cooperación para que en 2012 alcancen el 0,7% del presupuesto total. PP y PSE rechazaron la norma por considerar insuficiente el compromiso y preferir tomar como referencia el PIB, con lo cuál la aportación sería mayor.

Por debajo del presupuesto

El director de Cooperación al Desarrollo del Gobierno, Igor Irigoyen, explicó en enero en este periódico que "es erróneo" reclamar a los gobiernos infraestatales que equiparen su presupuesto de cooperación al 0,7% del PIB, porque ese compromiso "tiene un origen estatal, y son los Estados los primeros responsables en alcanzarlo".

Aunque las partidas de cooperación se están incrementando progresivamente desde 2004, su evolución está por debajo del crecimiento de los presupuestos totales. Por ello, De la Fuente valoró el compromiso del Gobierno como "un primer paso" hacia la consecución del 0,7% sobre el PIB. Pero precisó que para alcanzar el 0,7% sobre los presupuestos en 2012 al que aspira la ley es imprescindible que "el presupuesto de cooperación se incremente por encima del crecimiento de los presupuestos generales", algo que no está sucediendo. Por otro lado, la ONG alabó el esfuerzo de ayuntamientos como el de Irún y el de Vitoria, que destinan a cooperación el 1,05% y el 0,7% respectivamente de sus presupuestos totales.

Alboan completó su análisis cuantitativo con una serie de recomendaciones para que las instituciones gestionen las ayudas de manera más eficiente y coordinada. "La cooperación vasca ha crecido, pero falta adecuar los mecanismos para que la ayuda llegue, y llegue bien", recalcó Miguel González. Como principales debilidades del sistema de ayuda vasco señaló la falta de personal cualificado, la dispersión de la ayuda entre instituciones debido a la escasa coordinación, y la ausencia de un debate social y político de alcance.

Alboan criticó que el funcionamiento del órgano consultivo entre administraciones y sociedad civil, el Consejo Vasco de Cooperación, "no cumple las expectativas ni las funciones que tiene asignadas". González consideró fundamental fortalecer la participación social y política en los proyectos de ayuda y convertir el Consejo en "un espacio operativo de debate y reflexión de políticas que las instituciones representadas sientan como propio".