"Privatizaron la funeraria por cien pesetas y no me consultaron"

Sólo costó 0,60 euros. A cambio de esa minúscula cantidad, 100 pesetas de entonces, la empresa Funespaña se hizo con el 49% de la funeraria municipal de Madrid en 1992. El Ayuntamiento se la adjudicó con la condición de que asumiera una deuda descomunal, de 2.274 millones de pesetas (13,6 millones de euros). Sin embargo, a los dos meses de ser privatizada, el Consistorio le perdonó ese desembolso. Por ese motivo, la Audiencia Provincial de Madrid inició el pasado junio un juicio contra nueve responsables de aquella venta, supuestamente irregular, tras 15 años de aplazamientos. Superado el parón vacacional, las sesiones se reanudaron ayer con el testimonio del interventor municipal de la época, Vicente Arnau.

"Había aseveraciones vacías. Todo era una cortina de humo. Lo único real que había eran las 100 pesetas que desembolsaron", respondió Arnau cuando el fiscal le interrogó sobre si la oferta de Funespaña incluía asumir la deuda. El interventor dejó claro que la privatización se hizo sin que hubiera un estudio económico previo. "Recomendé que el precio debían fijarlo al menos tres peritos", dijo. Lo hizo a través de un informe que entregó en el departamento de Patrimonio. "No recibí ninguna respuesta", explicó. Según Arnau, la cifra de la oferta a Funespaña "no se justificó". "Mis opiniones no fueron tenidas en cuenta. Privatizaron la funeraria por 100 pesetas y no me consultaron", concluyó.

Según el interventor municipal, "era importante un estudio económico o financiero para establecer el precio, ya que la cifra que aparecía en el pliego de condiciones no estaba justificada". El propio Arnau cifró en un informe un precio de al menos 1.098 millones de pesetas. Pero, según la tesis del fiscal, a pesar de ser "el único asesor realmente cualificado en materia económica", nadie le hizo caso. Y nadie, en este caso, significan Luis María Huete (primer teniente de alcalde cuando José María Álvarez del Manzano, del PP, estaba al frente del Ayuntamiento), Simón Viñals (concejal de Sanidad de entonces) y Antonio Moreno (concejal de Régimen Interior). Aunque en el banquillo también se sientan otras seis personas. Entre ellas están José Ignacio Rodrigo, actual presidente de Funespaña y encargado de asesorar al Consistorio respecto de la privatización, y los hermanos Valdivia, Ángel y Juan Antonio, consejero delegado y vicepresidente de Funespaña, respectivamente. Todos ellos se enfrentan a una petición total de 82 años de prisión por prevaricación, malversación de fondos, alteración de precios, tráfico de influencias y falsedad documental.