La justicia andaluza rechaza el intento de paralizar Educación para la Ciudadanía

El primer intento de parar Educación para la Ciudadanía ha sido en vano. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazó ayer suspender cautelarmente la implantación este curso de la asignatura, en respuesta a los recursos interpuestos por cinco padres a los decretos de la Consejería de Educación. El tribunal entiende que la Junta no establece la obligación de la asignatura ni sus contenidos -sino la ley y decretos estatales-, y sostiene que la paralización de la materia dañaría el inicio de curso del sistema educativo andaluz, ya que los decretos ordenan toda la Primaria y Secundaria.

La resolución del alto tribunal andaluz da la razón a la Junta en un momento en que la campaña en contra de la polémica asignatura empieza a perder fuerza en la comunidad. Pese al aguacero de declaraciones adversas de los dirigentes del PP en los últimos meses, uno de los portavoces de la Cámara autonómica, Santiago Pérez, aseguró ayer en un debate parlamentario que su grupo no se opone a la materia, y centró sus críticas en la improvisación y la inutilidad. El presidente andaluz de este partido, Javier Arenas, sin embargo, insistió en que lo que se persigue es inculcar la "ideología del PSOE" y pidió que se aplace su aplicación.

El TSJA ha argumentado el rechazo a la suspensión cautelar de Educación para la Ciudadanía durante este curso en que los recursos -interpuestos por cinco padres a los decretos de la Consejería de Educación- no se acredita de manera suficiente los supuestos perjuicios que los demandantes atribuyen a la asignatura, ni ofrecen prueba del pretendido daño. El tribunal entiende que la Junta no establece la obligación de la disciplina ni sus contenidos -sino la Ley Orgánica de Educación (LOE) y los decretos estatales-, y sostiene que la paralización afectaría al inicio de curso de todo el sistema educativo andaluz, ya que los decretos recurridos ordenan en su integridad la enseñanza de Primaria y Secundaria de la comunidad.

Las consideraciones de la sala andaluza coinciden en buena parte con las alegaciones presentadas por la Junta, quien manifestó que lo único que había añadido a las ordenanzas del Ministerio de Educación es la determinación de los niveles (5º de Primaria y 3ª de ESO) en los que se va a impartir la materia, como le obliga la LOE. Los servicios jurídicos de la Administración autonómica también habían advertido del perjuicio para el curso escolar en su conjunto y las lesiones a los centros, los profesores contratados y las editoriales que han elaborado los libros de texto.

Aunque el TSJA no se pronuncia sobre el fondo -la vulneración de los derechos fundamentales, que se resolverá cuando se aborde el recurso- la Fiscalía ya rechazó en sus alegaciones la retirada de la asignatura, al considerar que no se lesionan tales derechos, ni afecta al contenido de la libertad religiosa. El ministerio público, que calificó los recursos de "infundados", consideró, por el contrario, que si hubiera sido estimada la suspensión se habría producido "una grave afectación del interés público general y del derecho a terceros".

El portavoz del grupo de los padres recurrentes, el dirigente local del PP sevillano Carlos Seco Gordillo, expresó su respeto a la decisión del alto tribunal andaluz, si bien puntualizó que las demandas siguen su curso porque el pronunciamiento se refieren únicamente a la suspensión cautelar. Respecto a las críticas que ha recibido por parte de la Consejería de Educación de actuar en nombre de su partido, Seco dijo que su actuación se produce "estrictamente como padre" y negó la existencia de una campaña "orquestada por el PP", como había denunciado la consejera andaluza, Cándida Martínez.

En Andalucía se han registrado 252 solicitudes de objeción de conciencia para eludir la materia.