Los promotores se suman al Pacto por la Vivienda a cambio de hacer menos pisos sociales

Habrá Pacto Nacional por la Vivienda, pero también rebaja por parte del Gobierno en la ley en trámite. Los promotores catalanes se sumarán al pacto tras conseguir modificar el texto de la Ley por el Derecho a la Vivienda que está en el Parlament en el punto que encalló la firma antes del verano: en vez de destinar el 20% de las promociones de más de 2.000 metros cuadrados en suelo consolidado a vivienda protegida, los privados sólo deberán destinarlo en edificios de más de 5.000 metros. Lo anunciaron ayer el presidente de los promotores, Enric Reyna, y el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar. Hoy se verá con CiU con la intención de cerrar los últimos flecos.

Cuando a mediados del pasado mes de julio el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda anunció la inminente firma del pacto -que busca consenso para atajar el problema de acceso a la vivienda con medidas como la creación de 160.000 pisos sociales en 10 años-, comenzaron a crecerle los enanos. Promotores y CiU cuestionaron la firma de un documento que se refiere a una ley en trámite y anunciaron que no firmarían sin antes salvar tres escollos del texto legislativo.

El primero de los puntos es el artículo 18.3, que el Gobierno ha accedido a rebajar después de múltiples reuniones que culminaron con el acuerdo que alcanzaron ayer Reyna y Baltasar. Los promotores defienden su postura argumentando que vulnera su seguridad jurídica, porque modifica las expectativas de quienes ya tienen suelo comprado. El salto en el redactado de la ley de 2.000 a 5.000 metros cuadrados es importante, puesto que en suelo consolidado en una ciudad como Barcelona es difícil encontrar edificios de más de 3.000 metros, aseguran los expertos.

Alquiler forzoso

El segundo de los puntos conflictivos es el artículo 42.6 de la ley, que prevé el alquiler forzoso de viviendas desocupadas. El consejero anunció ayer que "queda pendiente de discusión con CiU". "Espero encontrar una solución en las próximas horas", aclaró, refiriéndose a la reunión que hoy tiene previsto mantener con el negociador convergente tanto en el Pacto como en la ley, Carles Sala.

El tercer escollo (artículo 79.2) se refiere al plazo de protección de las viviendas sociales, fijado inicialmente en 90 años. Este plazo, que también rechazaba el sindicato UGT, queda rebajado en las enmiendas aprobadas por la ponencia que discute la ley en el Parlamento antes de las vacaciones.

Tanto el consejero como el presidente de los promotores catalanes celebraron ayer el acuerdo alcanzado y coincidieron en la importancia de lograr un Pacto Nacional que busca atajar el problema de la vivienda por el máximo número de frentes. "El pacto propiciará que centenares de miles de personas puedan acceder a una vivienda", dijo Baltasar, con medidas como la promoción de viviendas sociales, las ayudas al pago del alquiler y las subvenciones para obras de rehabilitación, todas previstas en el pacto. Por su parte Reyna destacó la dureza de las negociaciones y apuntó que el resultado del acuerdo es fruto "de que ninguna de las dos partes haya conseguido el 100% de sus aspiraciones". "Las dos partes nos hemos quedado a medio camino", manifestó.

Otros flecos

Además de las cesiones de suelo consolidado para pisos sociales, el principal punto caliente, el acuerdo de ayer cierra otros flecos. Los promotores han logrado también que el compromiso de los ayuntamientos de más de 3.000 habitantes a tener el 15% de su parque de viviendas en pisos sociales en un plazo de 20 años sólo afecte a los municipios de más de 5.000 vecinos; han conseguido poder adjudicar ellos mismos el 30% de los pisos sociales que promuevan, cuando el texto preveía un único registro de solicitantes; y han arrancado el compromiso del Gobierno de gestionar el arrendamiento de los pisos sociales de alquiler que promuevan los privados.