Blázquez se desmarca del boicoteo a Educación para la Ciudadanía

La batalla contra la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía empieza a provocar fracturas en el seno de la Conferencia Episcopal. Ayer, su presidente, el obispo de Bilbao Ricardo Blázquez, salió en defensa de la patronal de los colegios concertados católicos FERE, severamente reprendida durante los últimos meses por algunos obispos por rechazar la objeción de conciencia en sus centros.

La FERE "siempre ha querido actuar en comunión eclesial" y con la responsabilidad que tiene, confiada por los padres, "y así vienen actuando", dijo Blázquez. Y recordó que la Iglesia no se ha decantado por ningún mecanismo de reacción a la asignatura: "Eso lo tendrán que decidir los padres". "Después un obispo puede decir más cosas, otro puede decir menos, esto, lo otro, bajo su específica responsabilidad", precisó Blázquez.

Apenas una semana antes de que comience el curso, estas declaraciones contradicen el discurso que ha trascendido hasta ahora desde la jerarquía católica: "Colaborar con la implantación de la nueva asignatura es colaborar con el mal", llegó a decir Antonio Cañizares, vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Las palabras de Blázquez ayer suponen un alejamiento de las posturas más combativas contra la asignatura (de obispos, como Cañizares o de la confederación católica de padres, cuyo presidente es nombrado por la Conferencia Episcopal). Desde hace meses desde estos ámbitos se incita a los padres para que impidan a los alumnos cursar esta asignatura obligatoria (objeción de conciencia o desobediencia civil, según quien lo nombre), ya que la consideran una herramienta de "adoctrinamiento" político. La materia se comenzará a impartir la próxima semana en siete comunidades autónomas en 3º de la ESO. Y el próximo curso, en el resto.

Una postura más flexible

Aunque siguió manteniendo su rechazo a la asignatura, el apoyo de Blázquez a la FERE es un espaldarazo a la postura de quienes, frente al boicoteo, prefieren la implantación de la nueva materia incluida en la ley, eso sí, adaptada al ideario católico. De esa manera, se formarán "buenos cristianos y buenos ciudadanos", ha dicho en alguna ocasión el secretario general de la patronal, Manuel de Castro.

El pasado mes de mayo, la patronal mandó a sus colegios una circular advirtiéndoles del riesgo "real" de perder las subvenciones públicas si no se impartía la asignatura. La carta les costó un buen rapapolvo. Los obispos les recriminaron entonces que no podían "impedir o dificultar" a los padres tomar esa determinación. Y también se mostraron en contra de la adaptación de la materia a los postulados de la Iglesia. "Si fuera posible adaptar sus contenidos a la doctrina católica, esta enseñanza mantendría igualmente su condición de formación de la conciencia moral impuesta por el Estado a todos los padres, al margen de su elección", sostenían los obispos.

Y ahora Blázquez matiza: "Muchos interpretaron que esta decisión, cuyo objetivo es evitar la objeción de conciencia, privaba a los padres de un derecho", pero los colegios católicos "siempre han actuado en comunión eclesial" y la patronal "da un servicio impagable" a la sociedad, recordó el presidente de la Conferencia Episcopal.

El responsable de la FERE, Manuel de Castro, estaba ayer contento por estas declaraciones de Blázquez, que interpretó como una "reacción lógica" a los ataques recibidos en los últimos meses, "para poner las cosas en su sitio". De Castro insistió en que todo este tiempo han recibido el apoyo del presidente de los obispos, pero agradece "que lo haga público", añadió. Además, De Castro siempre ha dicho que toda la polémica responde a la proximidad de las elecciones.

Desde la aprobación de la nueva ley educativa en marzo de 2006, que contempla la introducción de esta asignatura como obligatoria en un curso de primaria y otro de secundaria, la confederación de padres católicos han cargado con todas sus fuerzas contra la materia. Este agosto amenazaron con manifestarse en otoño, una protesta para la que nunca han contado con el apoyo de los centros católicos, los que tienen la mayor capacidad de convocatoria, como han demostrado en otras ocasiones.

Recursos en tribunales

Tanto los padres católicos como los obispos creen que la asignatura es una intromisión del Gobierno en la educación moral de los hijos, que toca aspectos que sólo corresponden a las familias, como los nuevos modelos de convivencia o la educación afectivosexual. Además de la campaña animando a la objeción, han presentado recursos en los tribunales que aún no tienen respuesta.

Blázquez aseguró ayer que los padres tienen derecho a "reaccionar" por cauces "legítimos y democráticos", pero recordó que la Conferencia Episcopal "no se ha decantado por ningún mecanismo de reacción" concreto. Aunque ningún documento oficial de la Conferencia ha defendido explícitamente el boicoteo, desde los púlpitos no han cejado en su campaña contra la asignatura. Cañizares llegó a decir que los padres que objeten estarán trabajando por el "bien común". Pero el Ministerio de Educación ya ha advertido de que esta materia, que se imparte en la mayoría de los países europeos, es obligatoria y no ir a clase impediría la obtención del título.

La confederación de padres católicos, Concapa, ha sido uno de los más fervientes defensores del boicoteo. Ayer, Luis Carbonel, su presidente, insistió en que "la objeción" es una de las "muchas opciones" que le están dando a los padres y en que nunca han criticado a la FERE por su postura ante la asignatura: "Ellos creen que la objeción no debe plantearse en los centros y nosotros que sí".