Montilla admite que el Gobierno central no invierte en 2007 lo que fija el Estatuto

El presidente de la Generalitat, José Montilla, advirtió ayer de que los socialistas catalanes no van a sumarse a ningún "disparate" como el propuesto, dijo, por CiU y ERC de bloquear los Presupuestos Generales del Estado para 2008 si no destinan a Cataluña el 18,8% del total de las inversiones en infraestructuras. Montilla se mostró convencido de que el Gobierno cumplirá su palabra, si bien admitió que en las cuentas de este año 2007 sólo Fomento y Medio Ambiente respetan este porcentaje y que el concepto de infraestructuras va más allá de las inversiones de estos ministerios. El presidente hizo un llamamiento al optimismo porque, aseguró, nunca se había invertido tanto en Cataluña, 18.450 millones de euros en obras.

El Gobierno catalán celebró ayer su primera reunión tras el agitado periodo de vacaciones en lo que a a infraestructuras se refiere. Montilla quiso comentar personalmente las decisiones tomadas en el Consell Executiu, ofrecer una explicación sobre estos incidentes y repasar la actualidad política catalana, un tanto revuelta por las proclamas soberanistas de la dirección de Esquerra Republicana, uno de sus socios en el Ejecutivo autónomo.

Montilla aseguró que no hay motivos para el pesimismo entre la sociedad catalana a pesar de apagones, decenas de retrasos en Renfe, inmensas colas en el aeropuerto y colapso de las autopistas. Son "problemas puntuales" fruto de la falta de inversión y planificación, denunció, de los anteriores gobiernos central y catalán, en clara alusión al Partido Popular y Convergència i Unió. Sin embargo, auguró que estos "problemas" van a solucionarse poco a poco gracias al "esfuerzo" inversor de los ejecutivos socialistas. En total, señaló, las obras que se están ejecutando en Cataluña por parte de ambas administraciones ascienden a 18.450 millones de euros. "Nunca en la vida se había invertido tanto", proclamó. Aunque no lo dijo expresamente, el presidente pidió por enésima vez paciencia a los ciudadanos.

Los catalanes deberán, por tanto, esperar un cierto tiempo para comprobar cómo este dinero destinado a inversiones va dando sus frutos. La solución no es inmediata porque existen dos tipos de dificultades, comentó Montilla. Por una parte, el cumplimiento estricto de la legislación, que impone trámites exasperantemente lentos, según expresión del consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal. Y por otra, la falta de "proyectos" que deberían haber redactado los anteriores gobiernos de CiU y el PP. "En la mayoría de los casos no dejaron ni estudios ni proyectos", arremetió.

De estos 18.450 millones, explicó el presidente catalán, 8.250 corresponden al Gobierno central y el resto a la Generalitat. La Administración central destinará a carreteras 3.600 millones, mientras que la catalana lo hará en 3.800. Respecto a las infraestructuras ferroviarias, Fomento invertirá 4.650 millones y la Generalitat 6.400 millones. Estas cantidades no incluyen las cifras correspondientes a puertos, aeropuertos, energía y telecomunicaciones. Ayer mismo, el Consell Executiu aprobó la ocupación urgente de los terrenos afectados por el desdoblamiento del Eix Transversal (Lleida-Girona).

Montilla se felicitó por estas cifras y pronosticó que este compromiso inversor va a continuar en los Presupuestos Generales del Estado para 2008 y siguientes. No obstante, advirtió de que el grupo de expertos debe definir todavía qué se entiende por infraestructuras porque las cuentas del Estado para 2007 únicamente incluyen las correspondientes a Fomento y a Medio Ambiente. De ahí que sólo se cumpla el porcentaje del 18,8%, que fija el Estatuto, respecto a estos dos ministerios. Este porcentaje corresponden al peso del producto interior bruto (PIB) catalán en el conjunto de España.

El presidente no alberga dudas de que los presupuestos cumplirán el Estatuto, por lo que tanto Esquerra Republicana como Iniciativa -sus socios del tripartito- tendrán motivos suficientes para darles su visto bueno. Montilla descartó ir más allá del Estatuto para obtener un nuevo sistema de financiación, tal como propuso el consejero de Gobernación, el republicano Joan Puigcercós. "Las negociaciones se limitarán al marco del que nos hemos dotado, la Constitución y el Estatuto", avisó.