Objeción navarra

El Defensor del Pueblo ha anunciado que investigará si está justificado que sean tan pocos los centros sanitarios públicos en que es posible realizar interrupciones de embarazo de acuerdo con la ley que los regula. El 97% de los 90.000 abortos que anualmente se realizan en España tiene lugar en clínicas privadas a causa de la negativa de gran parte de los médicos de los hospitales públicos a practicarlos, invocando objeción de conciencia. La situación es aún más grave en Navarra: las mujeres se ven obligadas a desplazarse a comunidades vecinas porque ningún centro, público o privado, acepta realizar estas intervenciones. Tiene todo el sentido, por ello, que los partidos de la oposición en esa comunidad (PSN, NaBai e IU), que suman un escaño más que la coalición que la gobierna, vayan a presentar una moción instando a acabar con esa excepcionalidad.

La situación se ha mantenido así durante más de dos décadas a pesar de las denuncias reiteradas de las asociaciones de mujeres, algunas de las cuales ya habían solicitado que se precisara el alcance de ese supuesto derecho a la objeción de conciencia en materia sanitaria (la Constitución sólo alude a ella a propósito del servicio militar). El mantenimiento de la situación obedece más bien a las creencias privadas de los gobernantes, o a la inercia ante una situación heredada que muchos prefieren no agitar. La dejadez de las Administraciones ha llegado hasta el punto de que algunos responsables de los centros privados que practican abortos aducen ahora que las técnicas han evolucionado tanto que los trabajadores de los hospitales públicos carecerían de formación y experiencia para ofrecer los mejores métodos a las mujeres que lo necesitaran.

La moción que prepara la oposición en el Parlamento de Navarra es interesante por un doble motivo: por una parte, supone el primer intento de regular ese supuesto derecho a la objeción de los profesionales sanitarios, que también se invoca por ejemplo en relación con la aplicación de cuidados paliativos a enfermos terminales; por otra, ilustra las posibilidades de incidir en la gobernación de una determinada comunidad desde la oposición en circunstancias como las que se dan en Navarra: aunque no haya suficiente sintonía entre los partidos como para formar una alianza estable de Gobierno, puede haberla para hacer prosperar iniciativas legislativas, como parece ser el caso.