Cataluña pedirá que se la compense si el Estado incumple sus inversiones

El Estatuto catalán establece que el 18,8% de toda la inversión del Estado en infraestructuras debe ir a Cataluña durante siete años. Los partidos catalanes aseguran que, en su primer año de aplicación (2007), se ha incumplido. Un grupo de expertos del Gobierno y de la Generalitat intenta, por ahora en vano, ponerse de acuerdo sobre los criterios que determinen en cuánto dinero se traduce ese 18,8%. Si cuando ambas partes logren un acuerdo la cifra resultante difiere de los 3.445 millones de euros presupuestados en 2007 para Cataluña, el Gobierno catalán exigirá compensaciones.

Las compensaciones que pedirá el Gobierno catalán se basan en una disposición adicional incluida en la Ley de Presupuestos de 2007. Ésta dice que técnicos del Estado y de la Generalitat acordarán qué debe incluirse dentro del capítulo "inversiones en infraestructuras". Sólo así se evitará que cada año lluevan cifras dispares y acusaciones de incumplimiento.

La misma disposición añade que "si el acuerdo a que se llegase fuese diferente al utilizado para los presupuestos de 2007, se tendrá en cuenta la diferencia, para su compensación en los presupuestos que resten dentro del periodo de siete años". Y también apunta que, a la hora de hacer cumplir el Estatuto, se valorará "si hay diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado".

"Estamos seguros de que esta disposición se cumplirá", afirman fuentes de la Consejería de Economía. Aunque, por ahora, ya ha habido un incumplimiento de este precepto. Y es que en él se ponía fecha al deseado acuerdo sobre los criterios de inversión: el primer trimestre de este año. Estamos a finales de agosto y la última reunión de los expertos del ministro Pedro Solbes y del consejero catalán Antoni Castells, celebrada en julio pasado, no avanzó apenas. Y no hay fecha para una nueva reunión.

El Departamento de Economía del Gobierno catalán relativiza este incumplimiento del calendario y subraya que lo importante es la próxima negociación de los presupuestos del Estado para 2008. Los partidos catalanes CiU, ERC e ICV han dicho ya que la inversión del Estado en Cataluña es un precio para que apoyen las cuentas, y más después del caos de las infraestructuras de este verano.

Hace mes y medio, el Congreso de los Diputados aprobó una moción del PSOE en la que se decía que el acuerdo sobre los criterios de inversión debía cerrarse "antes de la presentación de los presupuestos". Y también pedía que la interpretación del concepto de inversión y de infraestructuras "no se limitara estrictamente a las infraestructuras de Fomento y Medio Ambiente", como inicialmente quería el ministro Pedro Solbes.

El consejero Castells cree que el Estado hace una interpretación "restrictiva" del concepto de infraestructuras. Y el consejero de la vicepresidencia, Josep Lluís Carod Rovira, dijo la pasada semana que el 18,8% de inversión del Estado "no debía traducirse sólo en infraestructuras de transporte, sino también de I+D, sanitarias y las comunicaciones".

La Consejería de Economía considera "provisional" el modo en que este año se aplicó el Estatuto en materia de inversiones. Aduce que el Estatuto entró en vigor en agosto de 2006 y que los presupuestos para 2007 empezaron a negociarse sólo un mes después y no hubo mucho margen de tiempo para negociar con calma.

En 2007, el Gobierno destinó 3.195 millones en infraestructuras en Cataluña, 496 millones más que en 2006. Solbes aceptó añadir a la cifra global una partida 250 millones más, correspondientes a la inversión prevista por Renfe en esta comunidad. El Gobierno catalán se apresuró a decir que el Estatuto se cumplía. La oposición de CiU dice que el Estado sólo ha invertido un 13,9%, no un 18,8%.

Solbes prometió en julio que cumpliría "escrupulosamente" el Estatuto catalán, pero incidió en que éste "tasa sólo, de manera específica, el aumento de la inversión en infraestructuras". Otra cosa es la inversión total del Estado.