El Gobierno catalán exige a Endesa un plan de inversiones antes del 15 de octubre

A falta de culpables claros sobre el gran apagón de Barcelona, el Gobierno catalán se esmeró ayer en intentar conectar con los ánimos de los consumidores, caldeados y temerosos de que el episodio pueda repetirse. Primero, sacó pecho con Fecsa-Endesa, a la que exigió que, antes del próximo 15 de octubre, presente un nuevo plan de inversiones de futuro en Cataluña. Y luego, prometió acelerar a septiembre una ley autonómica para la mejora de la calidad del suministro. "Existe la garantía absoluta" de que no habrá nuevo megaapagón, aseguró el consejero de la Vicepresidencia, Josep Lluís Carod.

La Generalitat no se ha sacado de la manga la exigencia inversora a Endesa. Se apoya en la Ley del Sector Eléctrico aprobada hace mes y medio, que amplía el margen de maniobra de las autonomías frente a las compañías. Esta norma establece en su artículo 51 que los titulares de redes de distribución de energía eléctrica -en este caso, Endesa- deberán presentar planes de inversión anuales a las comunidades en las que vayan a invertir "antes del 15 de octubre de cada año". Como mínimo, estos planes deberán incluir los datos de los proyectos, sus principales características, presupuesto y calendario de ejecución.

Carod, que lanzó la exigencia a Endesa tras la reunión del núcleo del Ejecutivo de José Montilla para planear la operación retorno y la situación de las infraestructuras, insistió en que el plan de inversión de Endesa deberá incluir "todos los recursos de mantenimiento para garantizar el servicio".

El consejero de Economía, Antoni Castells, responsable de Energía en Cataluña, ha dicho públicamente que considera "insuficientes" las inversiones de Endesa en esta comunidad.

Según el presidente de Endesa, Manuel Pizarro, su empresa destinó a Cataluña 5.229 millones de euros entre 2002 y 2006, de los que 2.794 millones fueron a instalaciones de generación y distribución de electricidad y 2.435 millones a mantenimiento, operación y personal. El promedio invertido en la comunidad en este periodo se disparó un 128% respecto al periodo 1981-2001. Y Pizarro ha espetado que Cataluña se ha llevado el 40% de la inversión en distribución desde 2002, cuando sólo le ha aportado el 22% a su beneficio.

Las promesas de Pizarro

Pero cuando la oposición le apretó en el Parlamento catalán, Pizarro, que culpa a Red Eléctrica del apagón, dejó caer también promesas: "Falta invertir lo que no se había invertido anteriormente, y no protesto. Me encuentro con lo que hay, uno lo cambia y se acabó, en la medida que puede". Aunque advirtió: "No podemos tener calidad alemana y precio tercermundista. Habrá que pagar lo que vale la red".

Pese a la psicosis -que el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, aumentó involuntariamente el pasado jueves al advertir de que hay "riesgos" de nuevos apagones cuando la demanda eléctrica se incremente en septiembre por el regreso de las vacaciones- sólo 15.000 abonados han reclamado por ahora a Endesa. La Generalitat lanzará una campaña en septiebre para recordar los derechos que tiene el consumidor.

En su intento por explicar que no está de brazos cruzados, el Departamento de Economía ha acelerado también la nueva Ley de Calidad Eléctrica Catalana, que se decidió elaborar a raíz de la mencionada ley estatal del pasado julio. La norma estatal remite a los estatutos de autonomía de las distintas comunidades a la hora de abordar las competencias que les corresponden en autorización, inspección y sanción a las empresas del sector.

El Estatuto catalán declara en este sentido que las competencias en energía son compartidas con el Estado, pero en su artículo 133 atribuye a la Generalitat competencias en materia de autorizaciones, inspecciones y controles "sobre todas las instalaciones energéticas existentes en Cataluña", y le da poder para desplegar normas complementarias de calidad del servicio. De ahí la nueva ley catalana. El consejero Castells ha admitido, además, que no ha habido suficientes controles por parte de la Generalitat.

Economía explicó ayer que la nueva ley se regirá por el principio de que las subestaciones eléctricas deban estar conectadas entre sí de modo que, si falla una de ellas, todos los abonados que cubre la instalación averiada no se queden sin luz, sino que puedan alimentarse del resto de subestaciones (una red en malla).