Inocentes en el 'corredor de la muerte'

El debate sobre la pena capital ha vuelto a desempolvarse en Estados Unidos al confluir la ejecución ayer del preso número 400 en Tejas con la aprobación en septiembre de la polémica ley que permitirá al fiscal general del Estado Alberto Gonzales acelerar el ritmo de las ejecuciones. Pero entre las diversas razones esgrimidas por quienes se oponen a la pena capital hay una particularmente preocupante: muchos de los acusados son víctimas de negligencias en el sistema judicial, de confesiones falsas, de identificaciones erróneas y de defensores incompetentes, un cóctel mortal para los sospechosos, que acaban siendo condenados a la pena capital pese a ser completamente inocentes.

Según la organización Death Penalty Information Project, desde que en 1976 fue reinstaurada la pena de muerte en Estados Unidos, 124 personas que pasaron una media de 10 años en el corredor de la muerte han sido exoneradas y han conseguido demostrar su inocencia evitando así ser ejecutadas. Entre ellas, al menos 15 se libraron gracias a los análisis de ADN, que no siempre son admitidos en los juicios. "La primera exoneración basada en estos análisis se produjo en 1989. El problema es que, en muchos casos, si el acusado se ha declarado culpable con el fin de que le rebajen la pena, una vez que se presenta un recurso de apelación el juez puede decidir no admitir esas pruebas", explicó a este diario Eric Ferrero.Su organización lucha actualmente por la exoneración de 50 presos que están en el corredor de la muerte. En total, 3.350 personas esperan ser ejecutadas a escala nacional.

Curtis Edward McCarthy fue exonerado hace apenas tres meses. Pasó 21 años en prisión y, de ellos, 16 en el corredor de la muerte en Oklahoma por un asesinato que no cometió. La principal causa para acusarle fueron los análisis del forense policial Joyce Gilchchrist, sobre quien pesa una investigación federal. Al menos 10 personas habrían sido ejecutadas en Oklahoma con sus pruebas, que ahora se cuestionan.

"El Gobierno nunca ha reconocido la inocencia de presos ya ejecutados, pero hay casos flagrantes en los que investigaciones periodísticas han dejado claro que hubo graves errores en sus juicios", explican desde el Death Penalty Information Center. Esta organización lista al menos ocho casos de posibles ejecuciones de inocentes de entre las 1.090 que se han producido desde 1976.

Entre los afortunados, en cambio, hay gente como Nicholas Yarris, el primer preso del corredor de la muerte de Pensilvania que exigió las pruebas de ADN para demostrar que no había tenido ninguna relación con el asesinato y violación de una empleada de un centro comercial en 1982. Tardó 20 años en probar su inocencia, pero en 2003 las pruebas de ADN le exoneraron de toda culpa. Aun así, Pensilvania aún no le ha recompensado por todos los años que pasó injustamente en prisión.

"¿Cómo ponerle precio a la vida? Es una cuestión muy delicada, pero obviamente todos los presos inocentes necesitan ser recompensados. Y no sólo económicamente. Para alguien que ha pasado 20 años esperando a ser ejecutado, e incluso para aquellos que simplemente fueron condenados a unos pocos años de cárcel, la experiencia es tan traumática como la de ser torturado o vivir una guerra. Por eso es necesario que el Estado les dé atención médica y social, no sólo dinero", explicó a este diario Heather Weigand, directora de la organización Life After Exoneration Program.

La compensación económica media que un preso de cualquier tipo recibe tras demostrar su inocencia suele ser 50.000 dólares (37.000 euros) por cada año que ha pasado en prisión. Pero en la actualidad, sólo 22 Estados como Tejas o California tienen leyes que contemplan esa posibilidad. En el resto del país, y en lugares como Indiana, otro de los fervientes Estados defensores de la pena de muerte, no hay legislación.

"En esos casos el preso puede intentar presentar una demanda contra el Estado, pero el problema básico es que en la mayoría de los casos tampoco hay dinero para pagar un abogado que les ayude a navegar a través de la justicia. Y muchos de ellos ni siquiera saben que tienen la opción a ser recompensados", asegura Weigand.

Alejandro Hernández y Verneal Jimerson, ambos en Illinois, pasaron más de una década en la cárcel por asesinatos que cometieron otros. Tuvieron que esperar varios años para recibir compensación económica. Ryan Matthews, un joven de raza negra de Los Ángeles, exonerado de un asesinato en 2004, sigue esperando.