El Gobierno aprueba la transferencia de 100 millones para atender a los menores migrantes de Canarias

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la transferencia de 100 millones de euros para atender a los menores migrantes no acompañados que viven en las islas Canarias, más de 4.500. El presupuesto corre a cargo del Ministerio de Juventud e Infancia para “mejorar los mecanismos de acogida, los cuidados, la inclusión y el acompañamiento”, señala el departamento de Sira Rego en una nota. Las abundantes llegadas a las islas occidentales españolas, si bien este año ha disminuido, sobrecargan las posibilidades de alojamiento y atención de estos menores, que necesitan alimento, vivienda, atención médica, apoyo psicosocial, servicios educativos y jurídicos, así como políticas de inclusión y de tránsito al terreno laboral, entre otras.

Para fiscalizar que todo ello llega a buen puerto, la nota gubernamental recuerda que Canarias “deberá someterse a los procedimientos de seguimiento y comprobación que determine el ministerio, así como al control de otros organismos como la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas”. Supone un “incremento de un 140% respecto al año anterior y un 3.802% más que en 2021”, señala la ministra Rego. “El esfuerzo”, dicen, “supone aproximadamente el 90% del gasto total asumido este año por Canarias”.

Canarias triplica la cantidad de menores a los que puede atender en función de sus instalaciones oficiales, debido a ello se declaró la contingencia migratoria que obliga a realojar solidariamente a esos muchachos en otras comunidades. Un decreto aprobado en el Consejo de Ministros a finales de agosto fijó la capacidad para ello de cada uno de los territorios, que se venían resistiendo un año entero a este reparto y que aún hoy lo hacen mediante sucesivos recursos judiciales, como los presentados por la Comunidad de Madrid o la de Castilla-La Mancha, por poner dos ejemplos de distinto signo político. Estaba previsto el traslado de unos 4.000 menores, pero ese proceso está todavía en mantillas, atorado en tribunales.

El otro frente abierto entre Canarias y el Gobierno eran los menores que habían solicitado asilo por las condiciones previstas en los acuerdos internacionales, es decir, los que hayan pasado situaciones particulares que ameritan protección internacional o bien quienes procedan de países en conflicto. Eso sí se ha completado, por el momento, y ya han sido llevados a la Península varios cientos a centros de acogida dependientes del Gobierno, como exigió una sentencia del Supremo. Ante la inacción del Gobierno y ciertas carencias administrativas por parte del Ejecutivo canario, el Tribunal dictó un plazo que acababa el 21 de noviembre y los traslados de menores se hicieron con más prisas de las razonables para el delicado trato que requieren estos menores. Todavía hoy hay familias tratando de que algunos de estos chicos que estaban arraigados en Canarias vuelvan a sus pueblos, aunque muchos otros sí manifestaron su voluntad de partir a la Península.

La situación migratoria de Canarias sobrepasa la capacidad de atención que se puede prestar ante las necesidades de estos menores, a muchos de los cuales se les puede ver vagando por las calles o parques o bien echando un pitillo en las puertas de los centros de acogida, ya sean temporales o permanentes. Cuando cumplen la mayoría de edad, si no han conseguido trabajo o siguen estudiando, su situación puede empeorar notablemente porque se acaba la tutela que la comunidad ejerce sobre ellos. Pero la solidaridad del resto de las comunidades, como dictan los tiempos, está lejos de venir en ayuda de las islas, algo de lo que se duelen los responsables de estos jóvenes. Reciben muchas palabras de apoyo, pero poco apoyo real, se quejan en el Gobierno canario.