EE UU y México negocian un acuerdo sin precedentes para acabar con el narcotráfico

Estados Unidos y México ultiman un acuerdo de gran calado para el combate contra los carteles de la droga. Ayudas multimillonarias, transferencia de tecnología y programas de capacitación cimentarán, a lo largo de los próximos seis años, un proyecto de seguridad regional, el más ambicioso negociado hasta ahora, que pretende ganarle la partida al crimen organizado en los 3.000 kilómetros de frontera común.

En México no habrá intervención estadounidense directa sobre el terreno

El nuevo Gobierno mexicano de Felipe Calderón está decidido a arrimar el hombro, pero exige reciprocidad: Washington deberá batirse contra el consumo doméstico de estupefacientes y contra las redes que, desde su territorio, facilitan armas y dinero a las mafias mexicanas.

Despuntaba la medianoche del 19 de enero de 2007 cuando tres aviones de la Fiscalía mexicana aterrizaron en Tejas. Entre los pasajeros, costaba reconocer al jefe del cartel del Golfo, el feroz Osiel Cárdenas, alias El Matamigos, con el uniforme gris de presidiario, encogido entre dos agentes de élite forrados con pasamontañas y chalecos antibalas.

La competencia no estaba más lustrosa: Héctor El Güero Palma, fundador del cartel de Sinaloa; Ismael Higuera, alias Mayel, del cartel de los Arellano, y Gilberto Garza, del cartel de Juárez, le seguían esposados y cabizbajos. Momentos después, ese ramillete de capos mexicanos y otros 11 narcotraficantes quedaban en manos de la justicia estadounidense.

Esta escena, inusitada hasta entonces, no va a ser tan infrecuente en el futuro. El acuerdo antidroga que Estados Unidos y México negocian desde marzo, bajo celosa reserva, abrirá plenamente los cauces de cooperación entre los dos países vecinos. Sobre la mesa está en estos momentos la partida de ayuda que las autoridades mexicanas van a recibir de Washington, y que será analizada hoy por los presidentes de ambos países, George W. Bush y Calderón, en una reunión previa a la cumbre trilateral de América del Norte, que Estados Unidos, México y Canadá celebran en la ciudad de Quebec.

La lista incluye el acceso a instrumentos de alta tecnología, la financiación para equipos de monitoreo, radares, sistemas de escucha y encriptación, y la capacitación de recursos humanos. "No se trata de una negociación para conseguir unos cuantos juguetitos", recalca un alto funcionario mexicano, que pide el anonimato. "El paquete de apoyo antinarcótico forma parte de un esquema integral de cooperación", agrega. ¿De cuánto dinero se está hablando? "De una cifra sustancialmente superior a los 27 millones de dólares (unos 20 millones de euros) que recibe México anualmente", responde esquivo. Otras fuentes consultadas cifran el presupuesto en unos mil millones de dólares (737 millones de euros) para el sexenio del Gobierno de Calderón.

Esa cantidad es una quinta parte de lo que Estados Unidos ha invertido desde 1999 en el llamado Plan Colombia, con el que las autoridades mexicanas marcan distancias para no crear anticuerpos en un país que ha enarbolado la independencia como bandera histórica, y donde todo lo que huela a injerencia levanta ampollas.

A diferencia del programa andino, en México no habrá intervención estadounidense sobre el terreno. "Eso ni se ha planteado", señala el alto funcionario. "Y el Plan Colombia tiene un fuerte componente militar porque implica el combate contra grupos armados irregulares que están en simbiosis con los narcotraficantes. Ése no es nuestro caso".

El caso mexicano es, de cualquier manera, dramático. Por ese territorio cruza el 70% de la droga (cocaína, marihuana y metanfetaminas) que llega a Estados Unidos. La reorganización de los siete grandes carteles y las disputas por el control de las entradas por las costas del Pacífico y del Golfo dejó el año pasado un reguero de 3.000 cadáveres y episodios espeluznantes, como el trasiego de cabezas cortadas o las imágenes de grabaciones de asesinatos colgadas en Internet. El crimen organizado está enquistado en las instituciones y en los cuerpos de seguridad.

Nada más asumir la presidencia, en diciembre pasado, el conservador Felipe Calderón desplegó a 20.000 agentes federales en las áreas calientes de Michoacán, Guerrero y Baja California para intentar arrebatar el control del territorio a los narcotraficantes. En enero, caía Pedro Díaz Parada, dueño y señor del cartel de Oaxaca, protegido durante tres décadas por autoridades de ese Estado del sur de México. Y con las extradiciones de los capos, acostumbrados a dirigir el negocio cómodamente desde las prisiones mexicanas, el Gobierno dio, según el experto Jorge Fernández, un golpe trascendente al narcotráfico. Estas iniciativas alentaron el acuerdo que ahora se negocia con Estados Unidos, y que deberá estar listo antes de octubre, para que la Casa Blanca lo envíe al Congreso.

Las negociaciones se han vertebrado en tres capítulos. Por un lado, el combate de México contra el crimen organizado en su propio territorio. Un segundo capítulo detalla las iniciativas conjuntas para proteger la zona fronteriza. Además de mejorar el trabajo de inteligencia, se pondrán en marcha unidades mixtas, como las que ya funcionan en materia migratoria, integradas por personal de absoluta confianza. La tercera pata del pacto son los compromisos que adquirirá Estados Unidos en su propio territorio, y que pasan, explican fuentes oficiales, "por reducir los índices de consumo de drogas, y aumentar de forma crítica el control y la aplicación de la justicia a los grupos que se dedican a introducir en México armas, precursores químicos para la fabricación de drogas y dinero en efectivo. No ha sido fácil, pero lo van asumiendo".