Intervida se dedicó a crear colegios de élite sin atender a los niños necesitados

Los fundadores de la ONG Intervida, acusados de desviar casi 200 millones de euros procedentes del apadrinamiento de niños, gestionaron la entidad de forma "sangrante" y "guiados por el deseo de obtener pingües beneficios". Así lo sostiene la juez de Barcelona que hasta ahora ha investigado el supuesto fraude, en un auto en el que se inhibe y transfiere el caso a la Audiencia Nacional. La magistrada arremete con dureza contra los responsables de la Fundación Intervida, y critica especialmente la "sangrante creación de escuelas de élite" en países de América Latina.

El complejo entramado de asociaciones creado por los responsables de Intervida debía servir para gestionar mejor el dinero que mensualmente enviaban los padrinos -más de 300.000 en toda España- a proyectos humanitarios en Perú, Guatemala y otros países de América Latina. El objetivo, a priori, era impulsar programas sociales, educativos y sanitarios para mejorar la vida de los niños y sus familias.

Lo cierto es que "se desconocen las cantidades" destinadas a fines altruistas, según la magistrada, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Más aún, "la única actividad real que ha realizado la Fundación Privada Intervida es la de captar dinero de los padrinos", prosigue el auto de inhibición, que tiene fecha de 16 de agosto.

La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona, María del Pilar Calvo Resel, ha decidido transferir las investigaciones a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por la excesiva complejidad del caso. La supuesta estafa de Intervida "afecta a una pluralidad de perjudicados" (los padrinos) que, además, están repartidos por toda España. El objetivo que persigue la magistrada es "evitar dilaciones indebidas" en la instrucción del caso.

En un auto de seis páginas, la juez utiliza palabras muy duras para referirse a la gestión hecha por los responsables de la ONG. La magistrada considera que no ha efectuado "ningún seguimiento ni control" para comprobar si el dinero recogido con la fórmula del apadrinamiento se dedicaba "realmente" a mejorar "las condiciones de vida del sector de la población más necesitado".

Según la querella presentada por el Ministerio Fiscal, los responsables de la ONG desviaron, desde 1999 hasta la actualidad, un total de 193,7 millones de euros. El dinero procedía de las aportaciones realizadas para el apadrinamiento de niños y se destinaba a bancos y sociedades de América Latina. La juez hace suyo el relato de la Fiscalía y señala que la actividad fraudulenta se cometía a través de "un complejo entramado de fundaciones, asociaciones y sociedades en España, Perú y Guatemala, y posiblemente también en otras partes de Iberoamérica".

Objetivos "incumplidos"

Todo ello, añade, "sin olvidar la sangrante creación de colegios de élite y no precisamente para menores desfavorecidos, en Guatemala, Las Lagunas y San Mateo, y en Perú, en Arequipa". Por ese motivo, la juez concluye que "todos los padrinos han visto incumplidos sus objetivos": ayudar a niños desfavorecidos.

Dos de los fundadores y principales imputados son Eduardo Castellón y Rafael Puertas. Están acusados de un delito continuado de estafa y apropiación indebida, de delito societario y de asociación ilícita. En julio, la juez ya ordenó el registro de la sede de Intervida en Barcelona. Después intervino la ONG y destituyó a todos sus patronos, gestores y directivos.