Sobre el aborto en hospitales públicos

La carta de la doctora Benedicto [publicada el 4 de agosto] refleja una opinión claramente militante en contra de la interrupción del embarazo en la medicina pública, bien conocida entre la mayoría de los especialistas en ginecología de nuestro país, pero no sustentada en razones sino en presupuestos ideológicos.

Soy especialista en cardiología y he trabajado a lo largo de 31 años en varios hospitales públicos en Madrid, y, en los últimos años, en Andalucía.

En todos ellos he tenido que sufrir el que los servicios de ginecología se negasen a realizar interrupciones terapéuticas de la gestación aduciendo una sedicente objeción de conciencia. Esto ha originado despropósitos continuos, como el derivar de hospitales de máximo nivel a hospitales comarcales para este tratamiento (en Madrid), o en la actualidad que la paciente y su familia deban trasladarse 400 kilómetros a una clínica privada concertada.

Naturalmente se obvia que la medicina pública ofrece esta prestación en su cartera de servicios, y naturalmente debe ofrecerla gratuitamente y considerando únicamente el bienestar de las pacientes. La injustificable actitud de muchos ginecólogos (y a veces anestesistas) es de dudosa ética; olvida que el paciente es el eje de la actividad médica y sólo genera mayor sufrimiento a las mujeres.

Naturalmente que deben ser los hospitales públicos los que la realicen, en mejores condiciones y con mayor eficiencia que las clínicas privadas. Naturalmente que hay médicos que objetan en la pública y realizan abortos en la privada. Y les conocemos.