Los constructores temen que la nueva ley de Vivienda encarezca los pisos libres un 30%

El anteproyecto de ley de Vivienda va a vivir una complicada tramitación cuando llegue al Parlamento. Si alguna de las medidas que incluye y que han ido trascendiendo ya han levantado polémica entre los partidos, como la de gravar los pisos vacíos, son ahora los constructores quienes muestran su rechazo al texto. La patronal de la construcción prevé subidas de hasta un 30% en el precio de los pisos libres debido a la nueva normativa que prevé el proyecto. El sector de la construcción ha resumido sus críticas en un documento con el que quiere sumarse al debate.

El aumento de hasta un 15% de la cesión obligatoria de suelo a los ayuntamientos supone uno de los aspectos que suscita mayores críticas entre los empresarios del sector. El anteproyecto eleva del 10% actual hata dicho 15% el porcentaje que todo promotor debe entregar a los municipios de los nuevos terrenos urbanizables. Ello conllevará, según opina Enrique González, gerente de la patronal de la construcción alavesa, un descenso en la edificación de pisos libres.

La nueva Ley del Suelo estatal, aprobada el pasado mes de mayo y que entró en vigor el 1 de julio, establece que la cesión se mueva en una horquilla de entre el 5% y el 15% del total de los terrenos. El proyecto que maneja el Departamento de Vivienda, dirigido por EB, fija la cesión en el máximo posible.

González considera que "la ley estatal establece una horquilla de cesión, pero marca unas reservas de suelo para vivienda de protección oficial [VPO] muy inferiores a las que rigen en Euskadi: un 30% frente al 75% aquí. Si incrementamos la cesión del aprovechamiento del terreno hasta el 15%, reducimos el número de pisos libres que la iniciativa privada puede realizar". Y añade: "Como el precio de la VPO está intervenido, lo que ocurrirá es que esa minoración repercutirá en el mercado libre".

Amplio listado de críticas

Esta es sólo una de la larga relación de críticas que han elaborado los constructores y con la que pretenden realizar su aportación al debate abierto sobre el proyecto. Según González, el proyecto de ley de Vivienda no ayuda a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos: "Si un ciudadano vende su VPO al cabo de 25 o 30 años, deberá hacerlo al Gobierno y a los precios de los pisos protegidos, que suben de acuerdo con el IPC. En cambio, los ciudadanos de otras comunidades, transcurrido un plazo de 25 o 30 años podrán vender su piso a precio de mercado. Es decir, su activo patrimonial sube en un ascensor, mientras que en Euskadi lo hace por la escalera". Su tesis se resume así en que la riqueza inmobiliaria de los ciudadanos del resto de España crece al ritmo del mercado, mientras que la de los vascos se congela. "Esto no favorece los cambios geográficos, de vivienda, ni el ahorro, ni el empleo en el sector de la construcción o las agencias inmobiliarias", apunta.

La cuestión del alquiler también preocupa a los constructores, que consideran "irrealizable" destinar el 41% del total de pisos que se levanten cada año, tanto libres como protegidos, al arrendamiento. "Es una ley que pretende, mediante una planificación rígida, incompatible con los sistemas de libertades que rigen en el mundo europeo, un mercado del alquiler rotacional. La pretensión de que el 41% de las viviendas se hagan en régimen de alquiler tiene consecuencias muy serias". Por ejemplo, sería "imposible", indica González, "hacer el soterramiento del tren en Vitoria, porque la obra se va a financiar construyendo pisos libres en el suelo que va a quedar liberado. Si hay que destinarlos al alquiler, no habrá recursos para financiar el soterramiento".

El objetivo del anteproyecto es pasar de las cerca de 1.000 viviendas anuales que se edifican ahora en régimen de alquiler a unas 7.000. "Obligar a destinar un piso al alquiler supone una intromisión constitucional", abunda González. "Ni siquiera el que obliga a destinar al alquiler garantiza que ese piso pueda ser arrendado y se cobre la renta. Hay que fomentar el alquiler, pero la imposición no dará resultados".

En cuanto al canon que pretende imponer el departamento a las casas que se encuentran desocupadas, los constructores consideran que también va tener repercusiones negativas: "Si alguien quiere invertir en un piso como medio de ahorro familiar para sus hijos, se lo pensará dos veces. La legislación ya tiene medidas para penalizar la desocupación de viviendas, como el recargo del IBI". Además, rechazan la implantación de un sistema de vigilancia para determinar qué piso se halla vacío y cuál no, lo que obliga a "disponer de muchos recursos de los que se carece y conllevará una litigiosidad entre particulares y Administración".