La funcionaria imputada en el fraude fiscal dice que desconocía los negocios de Bravo

La funcionaria Pilar Gracenea, quien trabajó en la oficina de la Hacienda de Guipúzcoa en Irún a las órdenes de José María Bravo cuando se cometió la supuesta estafa millonaria a las arcas forales, proclamó ayer su inocencia, se desmarcó completamente de los hechos y dijo desconocer si su ex jefe estaba involucrado en actividades ilegales. Tras finalizar su primera declaración como imputada ante la juez instructora, Almudena Ovejero, la funcionaria aseguró que se siente "muy tranquila" y que no está envuelta en ningún asunto irregular.

Gracenea también empleó una estrategia exculpatoria, como hicieron la víspera otros dos de los imputados: Pedro María Atristain, socio de Bravo, y la esposa de éste, Rosa Cobos. El único que aún no ha prestado declaración ante la juez es el principal acusado, el propio José María Bravo, en prisión sin fianza desde el pasado 11 de julio.

La comparecencia de Gracenea en los juzgados de Irún se prolongó durante casi cuatro horas. La gran mayoría de las preguntas que le formularon la juez y las partes pretendían aclarar el procedimiento que se seguía en la Hacienda de Irún para liquidar las deudas de los contribuyentes. Gracenea reconoció después que casi todo el interrogatorio se centró en los detalles de la gestión de los expedientes en la delegación tributaria.

"Estoy muy tranquila porque no hay ningún indicio de delito que me pueda involucrar" en la trama que defraudó supuestamente seis millones de euros a la Hacienda guipuzcoana, sostuvo. La funcionaria presentó documentos y datos para tratar de "aclarar absolutamente todos los puntos", manifestó su abogada, Elena Garayalde.

Datos de sus bienes

Gracenea, funcionaria de la Diputación y actualmente liberada sindical de Bazkuna (una escisión de ELA), trabajó con Bravo en las oficinas de Hacienda de Irún y San Sebastián, y comparte con él al 50% la propiedad de la agencia inmobiliaria Urdanibia SL. Cuando declaró ante agentes de la Ertzaintza, el pasado 3 de abril, dijo no recordar que tuviese una cuenta bancaria abierta conjuntamente con su ex jefe y no supo explicar varios movimientos de la misma por un total de 49.000 euros. En aquella ocasión, Gracenea aseguró que Bravo tenía un poder adquisitivo muy superior al que le correspondería por su sueldo en Hacienda, aunque puntualizó que realizaba "otros trabajos y servicios".

Ante la juez, Gracenea manifestó ayer que no sospechaba en lo que podría estar implicado su ex jefe. Presentó durante su declaración toda la documentación que tiene a su disposición y datos de cómo ha conseguido todos sus bienes, explicó su abogada, quien insistió en que "no hay motivos para acusar de ningún delito" a su cliente. Añadió que en el sumario "no hay una imputación clara contra ella".