Intervención rápida

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el gerente y varios directivos de Mutua Universal Mugenat, la tercera mutua española de accidentes de trabajo y enfermedades laborales por volumen de afiliados y empresas asociadas. Los cargos son graves: supuesto delito de malversación de caudales públicos y, quizá, doble contabilidad y facturas falsas a la Seguridad Social. El caso de malversación está sustentado por la denuncia de la Intervención de la Seguridad Social y por las investigaciones del Tribunal de Cuentas. Hay indicios de que parte de las cuotas de la Seguridad Social que recibía para hacer frente a los gastos de accidentes y enfermedades de los trabajadores fueron utilizadas por los directivos de la Mutua en sus propias empresas, como recursos de inversión para otros negocios, como el de prevención laboral. La policía entró el miércoles en la sede y se incautó de miles de documentos que deben servir para esclarecer la veracidad de las acusaciones.

Los sistemas de control -Intervención General y Tribunal de Cuentas- han actuado con elogiable diligencia. La mutua presta servicio a casi un millón y medio de trabajadores, cuenta con casi 142.000 empresas asociadas e ingresa unos mil millones de euros en cuotas. Las acusaciones contra una empresa de esa envergadura, y que incluyen un fraude a la Seguridad Social de más de 6 millones de euros, deben ser tramitadas con la máxima prudencia y rapidez. Los plazos de alegaciones y defensa administrativa a que tiene derecho la mutua tienen que ser respetados escrupulosamente. Pero si los procedimientos administrativos y judiciales confirman que la malversación se ha producido, deben aplicarse sanciones ejemplares -hasta la suspensión de los directivos y la intervención de la entidad, si fuera necesario- para disuadir a quienes no estén dispuestos a respetar escrupulosamente la frontera entre dinero público y negocios privados.

La confianza es esencial en las actividades mutualistas y por eso es muy importante que la empresa no esté sometida a una incertidumbre prolongada. Pero mientras duren los procedimientos abiertos debe mantenerse la sociedad bajo la tutela directa de la intervención de la Seguridad Social y del Tribunal de Cuentas.