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El Vaticano respalda a los obispos en su boicoteo a Educación de la Ciudadanía

El ministro Bermejo afirma que quien no cumpla la ley "se atendrá a las consecuencias"

La campaña de los obispos contra la asignatura Educación para la Ciudadanía ha recibido el respaldo del Vaticano por boca, nada menos, que del secretario de la poderosa Congregación para la Doctrina de la Fe (ex Santo Oficio de la Inquisición), el arzobispo italiano Angelo Amato, de visita en Madrid. Pero el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, enfrió ayer las alegrías episcopales advirtiendo de que no sigan "incitando" a la objeción de conciencia ante esa asignatura porque el Estado de derecho actuará. Quien no cumpla la ley "tendrá que atenerse a las consecuencias", proclamó.

Los obispos españoles reciben el apoyo directo del Vaticano en su campaña contra la asignatura de Ciudadanía nada menos que por boca del secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Angelo Amato. El arzobispo italiano, que fue segundo también del cardenal Joseph Ratzinger cuando el hoy papa Benedicto XVI presidía el citado dicasterio, se encuentra en Madrid participando en los cursos de verano de la Fundación Universidad Rey Juan Carlos, que se desarrollan en Aranjuez. Hoy los clausura el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco.

El alma organizativa del órgano sucesor de la antigua Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición declaró en Aranjuez, según el comunicado oficial de su intervención: "El cristianismo reconoce la libertad de seguir las propias convicciones religiosas y no debe ser el Estado quien debe imponer las convicciones religiosas y éticas, sino la propia conciencia".

Horas después, también en Aranjuez, el portavoz de la Conferencia Episcopal, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, criticó el empeño del Gobierno por "imponer" esa asignatura porque, dijo, vulnera "los derechos humanos". La polémica suscitada no es un conflicto Iglesia-Estado "sino un problema de toda la sociedad", añadió. Los obispos siguen proponiendo a sus fieles que ejerzan el derecho a la objeción de conciencia contra la asignatura.

El ministro advierte

Ayer mismo, en rueda de prensa en la sede de su ministerio, Fernández Bermejo advirtió contra esa campaña. En cuanto se conozca qué forma adopta la objeción de conciencia que están reclamando algunos prelados se sabrá "cuál es la reacción" judicial, advirtió. Pero el Gobierno confía en que la "cordura prevalezca" entre la jerarquía católica y que "todo el mundo cumpla la ley".

Estas son las declaraciones del ministro: "Si nos atenemos a lo que piensa la Federación de Religiosos de la Enseñanza, no creo que vaya a haber ningún aluvión de gente en esa dirección [planteando objección de conciencia]. Si eso llegara a producirse sería una minoría. En todo caso, me preocupa que desde la autoridad religiosa se siga incitando en esa dirección. En un Estado de derecho todo el mundo está obligado por la ley, también los credos religiosos. El Gobierno espera que la cordura prevalezca, que todo el mundo cumpla la ley. El que no la cumpla, tendrá que atenerse a las consecuencias".

El ministro no precisó cuáles sean esas "consecuencias". Dijo: "Ya veremos cuáles pueden ser, no me pida que yo ahora improvise y le diga qué es lo que va a ocurrir. Ya veremos qué forma adopta esa pretendida objeción que la ley no ampara. Lo importante es que haya cordura en la jerarquía eclesiástica, que a veces está enviando mensajes que no se corresponden ni con la realidad de la asignatura ni mucho menos con la actitud que debe tener la jerarquía religiosa de cualquier credo en un Estado de derecho, que debe respetar la ley como el primero y que debiera dar ejemplo de respeto a esa ley".

Las palabras del ministro, y antes las del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, advirtiendo el domingo pasado que el Ejecutivo socialista no rectificará su decisión de que se imparta esta asignatura en toda la red escolar pública y concertada, no parecen hacer mella en el episcopado. Ayer mismo lo reiteró su principal portavoz en esta campaña, el cardenal primado de Toledo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares.

Pese a esta escalada de la tensión, el embajador español ante el Vaticano, el ex alcalde socialista de A Coruña, Francisco Vázquez, dijo ayer que resulta "excesivamente exagerado el clima de tensión" entre la Iglesia y el Estado. Las discrepancias entre ambas instituciones "parece que se hacen más desde fuera", en su opinión.

Francisco Vázquez conferenció también en Aranjuez, bien arropado por eclesiásticos. Era su primera intervención pública tras asumir el cargo de embajador ante el Estado de la Santa Sede, con sede en Roma, y se mostró "muy sorprendido" ante ese clima de confrontación que muestran los medios y que, en su opinión, no se corresponde con lo que ni el Estado ni la Conferencia Episcopal "plasman en sus documentos, escritos e intervenciones".

El embajador reconoció que hay "diferencias importantes", sobre todo relativas a la asignatura de Ciudadanía, pero se mostró "muy contento" por las relaciones actuales España-Estado de la Santa Sede. "Sería malo caer en el reduccionismo del intercambio de opiniones apasionadas desde foros que nada tienen que ver con la mesa de diálogo", dijo.

Semilleros para la recristianización

Los obispos piensan que el único semillero del catolicismo es la escuela, toda la escuela española. Es el terreno en el que la Iglesia romana mantuvo durante más tiempo un control absoluto, que el Estado español cedió de buen grado durante siglos (en el XX, a lo largo de los 40 años de la dictadura del general Franco). Aún sueñan con empezar desde las aulas la "recristianización" de España, "viña devastada" por laicistas radicales según dicen con convencimiento.

En las pocas épocas pasadas de liberalismo y libertad, el principal motivo de conflicto entre el gobierno de turno y los eclesiásticos fue la educación. Se repitió ante los Gobiernos del centrista Adolfo Suárez, obligado a cambiar los ministros del ramo con inusitada frecuencia. También ocurrió durante los Ejecutivos del socialista Felipe González. Su reforma educativa, mediante la LODE, sacó a los obispos a la calle, en manifestación contra las rígidas condiciones impuestas a los generosos conciertos educativos, y contra el amparo a la libertad de cátedra.

En esas ocasiones, el episcopado y sus poderosas organizaciones de padres católicos jamás apelaron al incumplimiento de la ley. Ahora lo hacen sin tapujos, en defensa de un indeterminado derecho a la objeción de conciencia.

El ministro de Justicia, que coordina las relaciones Estado-Iglesia romana mediante una llamada Dirección General de Asuntos Religiosos, confía en que fracasen las pretensiones de los prelados. Su advertencia de ayer fue tajante, aunque no la primera que hace el Gobierno. No cabe tal objeción de conciencia, de manera que quienes no ofrezcan clases con la asignatura de Ciudadanía en sus colegios, y el chico que no la curse, deben "atenerse a las consecuencias".

El Ejecutivo no espera, con razón, aluviones de objetores, poniendo por testigo la actitud de Federación de Religiosos de la Enseñanza, muy mayoritaria en el sector. La FERE no piensa secundar los deseos episcopales, sino negociar con la Administración libros, textos o lecturas que liberen a los centros de enseñar nada contra sus idearios.

¿Cómo piensan articular, entonces, los obispos, la tan cacareada objeción de conciencia? No lo han dicho, probablemente porque no tienen idea. Sólo insisten en su derecho a hacerlo, con el argumento de que la polémica asignatura atenta contra fundamentales "derechos humanos".

Es lógico que el Gobierno socialista se reserve la respuesta legal que piensa dar a esta rebeldía episcopal, si se produce. Pero la legislación es clara, y pesa como losa sobre los colegios concertados. Cuando firman recibir dinero del Estado para su funcionamiento, asumen el compromiso de cumplir condiciones tasadas con claridad. Si incumplen, pierden el concierto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de julio de 2007

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