Bruselas autoriza el cultivo de cuatro millones de hectáreas que habían sido retiradas de la producción

Los agricultores cerealistas comunitarios podrán poner en producción, desde esta misma campaña, unos 3,9 millones de hectáreas que en los últimos años se han visto obligados a retirar del cultivo. La medida no supone la obligación de cultivar esas superficies.

En España, el abandono obligatorio de tierras afecta a unas 700.000 hectáreas, a las que se suman aproximadamente 1,2 millones de hectáreas del llamado barbecho blanco, exigido por la Administración española siguiendo el laboreo tradicional en cada zona. En medios del Ministerio de Agricultura se sopesa la oportunidad de eliminar también ese tipo de barbecho tradicional o rebajar las exigencias de abandono.

Con esta medida, se estima en medios de la Comisión Europea, mejora la posibilidad de incrementar la oferta de cereales comunitarios entre 10 y 17 millones de toneladas y paliar con ello parte del déficit actual de cereales en la UE. En medios agrarios, por el contrario, no existe el mismo optimismo. Según afirman, el hecho cierto es que, en líneas generales, los agricultores abandonan las peores tierras.

La medida para autorizar más cultivo de cereales fue propuesta en la última reunión de los ministros de Agricultura por varios países y ha sido asumida como suya por la propia Comisión. La causa es la escalada de los precios de los cereales en la campaña anterior.

Previsiblemente, Bruselas propondrá la aplicación de la medida en las siembras de otoño y en las que se deben realizar la próxima primavera. Para las campañas siguientes se espera que la decisión se adopte en la revisión de la Política Agraria Común (PAC) para el próximo año.

Para evitar la acumulación de excedentes de cereales en el marco comunitario, Bruselas adoptó diferentes medidas en el pasado. Desde la campaña 1998/99 se puso en marcha el abandono voluntario y, desde la reforma de 1992, se aplicó el obligatorio para el 10% de las superficies de cultivo por las que se percibían ayudas comunitarias, hoy derechos de pago.

La propuesta comunitaria sería una respuesta a la situación del sector, tanto por el comportamiento alcista de los precios como por la caída de las existencias en la UE.