Bush prohíbe a la CIA los malos tratos en los interrogatorios

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firmó ayer una orden ejecutiva que prohíbe que en los interrogatorios a presuntos terroristas se apliquen tratos crueles e inhumanos, así como humillantes, contra las creencias religiosas de los reclusos. El decreto presidencial está dirigido a la CIA, y le recuerda que debe cumplir con la Convención de Ginebra, según confirmó el director de la agencia, Michael Hayden.

Lo anterior no significa que la Casa Blanca reconozca que la Central de Inteligencia tenga, o haya tenido, un programa de detención e interrogatorios. Pero avisa de que en caso de tenerlo deberá siempre incorporar las normas contenidas en la nueva orden.

En el punto de mira del decreto del presidente se encuentran los presuntos terroristas de Al Qaeda que puedan tener alguna información sobre planes de atentados o sobre el paradero de los principales dirigentes de la red. El decreto del presidente prohíbe explícitamente "actos violentos lo suficientemente serios como para ser considerados comparables al asesinato, la tortura, la mutilación y el tratamiento inhumano y cruel" y "abusos intencionados e intolerables tan serios que cualquier persona razonable, considerando las circunstancias, los consideraría más allá de los límites de la decencia humana". Pero no entra en detalles. Sin embargo, se extiende a la hora acotar el tema religioso y explícitamente prohíbe la humillación de la "religión, prácticas religiosas u objetos religiosos" de los detenidos. "El presidente ha insistido en imponer unas normas legales para que los agentes de la CIA que toman parte en este trabajo esencial no se pongan en peligro al hacer su trabajo y para que sigan manteniendo a Estados Unidos libre de ataques", comentó ayer Tony Snow.

Las sospechas sobre el dudoso respeto de la CIA a los derechos humanos vienen de tiempo atrás. Bush reconoció en septiembre de 2006 la existencia de prisiones secretas operadas por esta agencia para llevar a cabo detenciones extraordinarias y transferir detenidos sospechosos de terrorismo a territorio estadounidense o a países donde se practica la tortura. No hay ninguna directiva pública sobre detenciones en la CIA. Sólo se sabe que existe una normativa presidencial que permite a los agentes capturar y retener a sospechosos sin tener que dar cuentas a administraciones públicas o revelar las condiciones en las que son detenidos.

La nueva orden llega 10 meses después de que la Administración Bush suspendiera su programa de cárceles secretas y transfiriera a algunos de esos presos fantasma al centro de detención de Guantánamo, después de que el Tribunal Supremo cuestionara el programa de la CIA. La máxima corte de justicia norteamericana determinaba en junio del año pasado que juzgar a los detenidos en la guerra contra el terrorismo en tribunales militares violaba tanto la ley de EE UU como la internacional. Entonces Bush no tuvo otra salida que negociar con el Congreso y solicitar a las cámaras que cambiaran la ley, sin dejar de insistir en que la nueva normativa autorizase a los agentes de la CIA a usar métodos severos a la hora de cuestionar a los sospechosos.

Así, en octubre Bush daba el visto bueno a la ley que ha abierto la puerta a los comités militares que juzgan a enemigos combatientes en tiempos de guerra (los detenidos en la guerra contra el terrorismo) y permite al presidente determinar qué es legal y qué no lo es en las técnicas de interrogatorio de sospechosos.

Por otra parte, un juzgado de apelaciones de Washington dictaminó ayer que los jueces de Guantánamo deben considerar todas las pruebas que aporten las partes, no exclusivamente las que aporte el Ejército. Bush había intentado hasta ahora que los juicios se celebrasen con las pruebas que los militares permitieran en la sala. Los detenidos, por ahora, no tienen derecho a abogados o a aportar testimonios por propia voluntad.