Cerrando heridas

En los últimos días se ha dado un paso importante en el proceso de aprobación de la Ley de Creación del Memorial Democrático. Las tres fuerzas de la mayoría (PSC, ERC, ICV-EUiA) han presentado una serie de enmiendas que tienen por objetivo concretar algunos aspectos del proyecto del memorial, evitando cualquier tipo de interpretación torticera del proyecto. Entre las enmiendas presentadas destaca por su trascendencia las que se refieren a las víctimas de la Guerra Civil.

En el preámbulo del proyecto de ley se propone el siguiente redactado: "La grandeza de la democracia es que, a diferencia de los regímenes totalitarios, es capaz de reconocer la dignidad de todas las víctimas de la intolerancia más allá de las opciones personales, ideológicas y de conciencia de cada uno: tanto de las víctimas de la represión franquista como de las víctimas de la violencia política en la retaguardia republicana". En el artículo 3, entre las funciones del memorial se especifica: "La conmemoración de la memoria democrática mediante la proclamación de la vigencia de los valores democráticos como fundamento de la organización y de la convivencia de la sociedad catalana actual y el homenaje a las víctimas directas o indirectas de la lucha por la República y la democracia, así como las víctimas de la retaguardia durante el conflicto de la Guerra Civil, y a todos los que sufrieron persecución a causa de sus opciones personales, ideológicas, religiosas o de conciencia".

No puede tratarse con el mismo rasero a los golpistas y a un Gobierno legítimo

En mi intervención en el Parlament en el debate de totalidad de la ley, el pasado mes de marzo, ya me referí a esta cuestión: una política pública de la memoria democrática ha de avalar cualquier actuación que asuma las víctimas de la retaguardia republicana, porque también son víctimas. Una idea que siempre ha estado presente en el espíritu de la ley y en la política de recuperación de la memoria histórica realizada estos años.

Como se dice en la misma exposición de motivos, a pesar de las iniciativas realizadas en los últimos años para dignificar a las víctimas de la dictadura, todavía es necesaria una decidida política pública en este sentido y la plena rehabilitación de todas las personas, organizaciones e instituciones represaliadas durante el franquismo. El reconocimiento y dignificación de todas las víctimas no ha sido simétrico. Durante el franquismo, las víctimas republicanas y sus familias sufrieron la más absoluta marginación. Durante la democracia, las indemnizaciones concedidas a partir de los años ochenta y noventa no suplieron el déficit de una política que llegó tarde y fue parcial. Buena prueba de ello es que, treinta años después de la celebración de las primeras elecciones democráticas, aún se encuentran miles de personas anónimas sepultadas en fosas comunes como las del Pallars o en cementerios como los de Valencia o Málaga. Aún nos encontramos con el rechazo por parte del Tribunal Supremo de la revisión y nulidad de los consejos de guerra ilegítimos y sin ninguna garantía judicial del franquismo, como el de Puig Antich. Situaciones vergonzosas que esperemos que las Cortes resuelvan pronto con la llamada Ley de la Memoria Histórica.

Hemos insistido hasta la saciedad en que no se trata de abrir heridas, sino de cerrarlas; que no se trata de buscar venganza, sino justicia. Reconocer y dignificar la memoria de los vencidos es una cuestión democrática fundamental. Así como asumir la memoria y la dignidad de todas las víctimas de la intolerancia y el sectarismo que se produjeron en la retaguardia republicana, con independencia de su color político. El sistema democrático tiene que hacer suyas a todas las víctimas, justamente porque los principios de nuestro sistema democrático son la paz, los derechos humanos y la inviolabilidad de la vida de las personas.

Desde los mismos valores democráticos que reconocen la dignidad de todas las víctimas no puede tratarse con el mismo rasero a los golpistas que se alzaron contra la legalidad republicana y a un Gobierno legítimo y democrático, como hace la derecha española. La ley del memorial condena explícitamente el franquismo y reconoce que el sistema democrático actual tiene su origen más inmediato en la memoria republicana y el antifranquismo, así como la deuda pendiente que nuestra sociedad tiene con todas las personas y entidades que pusieron por delante de cualquier otra consideración personal o familiar el objetivo de recuperar las libertades arrebatadas por la dictadura franquista.

El Memorial Democrático va a garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer la historia de la lucha por la democracia con toda su complejidad y toda su pluralidad; con rigor, sin sectarismos ni prejuicios.

Joan Saura es consejero de Interior, Relaciones Institucionales y Participación y presidente de ICV.