El PP orensano exige responsabilidades por la desaparición de fondos municipales

A partir de agosto todos los impuestos municipales del Ayuntamiento de Ourense estarán domiciliados en una entidad bancaria, con lo que los orensanos dejarán de acudir a las oficinas a hacer los ingresos en metálico. El grupo de gobierno del Ayuntamiento ha convocado un concurso para adjudicar este servicio y mañana, miércoles, se abrirán las plicas. PSOE y BNG señalan que con esta medida se pone fin al sistema "primitivo" de pagos en efectivo que la semana pasada se saldó con la desaparición de casi 30.000 euros de la oficina de recaudación municipal.

Mientras los socios del gobierno orensano ponen en marcha el proceso de depuración de responsabilidades, el PP reclama una investigación política.

La propuesta de los populares, realizada ayer en la reunión de la junta de portavoces, se produce después de que PSOE y BNG hubieran presentado sendas denuncias ante el juzgado orensano y ante el Tribunal de Cuentas y acordado abrir una comisión informativa, "la única posible estando el asunto ya en la Justicia", señalan fuentes del gobierno local.

Socialistas y nacionalistas mostraron su disposición a acceder "a cuantas comisiones pida el PP", aunque advirtieron al representante de este grupo en la junta de portavoces, José Araújo, de que cualquier depuración política afectaría a su partido, toda vez que el nuevo gobierno local llevaba una semana en el gobierno cuando desapareció el dinero.

Araújo solicitó unos días para decidir sobre esta cuestión mientras el líder de su grupo, Enrique Nóvoa, acusaba a los socios de gobierno de hacer labor de oposición en lugar de gestionar y de haberse precipitado al cesar de forma fulminante al jefe del servicio de la oficina de recaudación de la que desapareció el dinero, un cargo de libre designación que el bipartito orensano había heredado del PP. Tanto PSOE como BNG consideran que existen "claras responsabilidades políticas de quien ocupó el poder" hasta ahora en el ayuntamiento.

Mientras se designa juez instructor para la comisión informativa y mientras el PP decide si pide o no la investigación política, el gobierno local ha reforzado la seguridad en la oficina de recaudación, mediante la dotación policial y cámaras de vigilancia, que mantendrá incluso tras la adjudicación bancaria del servicio de recaudación.