Una clínica española se instala en Lisboa para practicar abortos

La clínica española Los Arcos, que tiene sedes en Badajoz y Mérida, abre hoy sus puertas en el centro de Lisboa y el jueves realizará ya las primeras interrupciones voluntarias de embarazo, al abrigo de la nueva ley portuguesa, que despenaliza el aborto hasta las 10 semanas con un periodo previo mínimo de reflexión de tres días. La clínica española, que atendía en Extremadura a unas 4.000 mujeres procedentes de Portugal cada año, ha iniciado ya contactos informales con hospitales públicos para una eventual cooperación.

Al menos 10 centros públicos han anunciado que no realizarán abortos al amparo de la nueva ley, dado el elevado número de médicos y enfermeros que han alegado objeción de conciencia. Sin embargo, otros como el São Joao de Oporto y los de Faro y Portimão, vienen realizando ya intervenciones sin problemas desde hace varias semanas.

La reglamentación de la ley ha sido recibida con críticas. Los movimientos a favor del aborto público y gratuito han recordado que el reglamento no prohíbe a los médicos que objetan en la Seguridad Social hacer intervenciones en el sector privado. Sanidad replica que el legislador ha actuado de buena fe, al considerar "muy improbable" que los profesionales actúen de modo distinto según el lugar donde trabajen. El Colegio de Médicos criticó ayer el olvido del Gobierno y se negó a controlar ese aspecto de la ley.

Red de centros públicos

Los movimientos provida, que han elogiado que "la mayoría de los médicos se hayan declarado objetores", se están manifestando estos días en distintos hospitales públicos para "informar y sensibilizar a las madres sobre las alternativas al aborto". Los partidarios de no cambiar la ley no protestarán ante las clínicas privadas. Según la activista Catarina Almeida, "actuarán como ellos entiendan".

Las previsiones del ministerio son que solo harán falta "dos unidades privadas" en todo el país para complementar a las clínicas públicas que no ofrezcan el servicio. El Gobierno presentará hoy "una red muy amplia y decenas de centros públicos en todo el país" disponibles para cumplir la legislación. Pero según algunos medios, el Algarve es la única región que ha garantizado el servicio en todos los hospitales.

Las mayores dificultades se prevén en el norte y en las islas. En la región autónoma de Madeira, el Gobierno del ultraconservador Alberto João Jardim ha suspendido la aplicación de la ley en los hospitales públicos hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la materia (lo que tardará aún algunos meses), y ha indicado que las usuarias que deseen abortar tendrán que pagarse los gastos para desplazarse al continente. Ayer, el Bloco de Esquerda de Madeira apeló a las mujeres que vean rechazada su solicitud a presentar una querella criminal contra el Gobierno autónomo. En Azores, sólo uno de los tres hospitales practicará abortos.