La Diputación abandona en Guipúzcoa el liderazgo que asumió con la incineradora

El recién formado gobierno foral de Markel Olano ha decidido someterse a la voluntad de los ayuntamientos sobre la construcción de una incineradora de basuras en Guipúzcoa, lo que supone abandonar el liderazgo que la Diputación ha mantenido en este polémico asunto durante los cuatro últimos años. La entrada de ANV en muchos ayuntamientos del entorno de San Sebastián pone en peligro la planta prevista en Zubieta y deja en el aire la solución al tratamiento de las más de 400.000 toneladas de basuras que se generan al año en esta provincia.

El PNV mantuvo durante la campaña electoral una posición ambigua con el problemadel tratamiento de los residuos. Olano apenas hizo referencia a la construcción de la incineradora y se limitó a apoyar, de forma genérica y sin concreción ninguna, el plan de residuos aprobado en diciembre de 2002, que contempla una planta para quemar las basuras. Sin embargo, el día de su investidura como diputado general, el pasado 6 de julio, tuvo que definir más su posición para conseguir la abstención de EB y salir elegido máximo mandatario de Guipúzcoa. Ese "gesto" consistió en anunciar públicamente que el gobierno foral "respetará la decisión de los ayuntamientos" sobre la incineradora, incluso su paralización.

Dejar el futuro en manos de los ayuntamientos, que se agrupan por comarcas en mancomunidades para llevar a cabo la gestión de las basuras, significa renunciar al liderazgo que había asumido la Diputación durante los últimos cuatro años en este polémico asunto y adoptar el papel de mero acompañante de los consistorios. Supone también generar más confusión sobre la solución final al tratamiento de las más de 400 toneladas de basuras que se generan al año en esta provincia.

La presencia de ANV

El problema se veía venir antes de los pasados comicios locales y se confirmó al conocerse los resultados electorales. A diferencia de lo ocurrido en 2003, cuando ninguna marca de Batasuna pudo concurrir a las urnas, en esta ocasión los independentistas, bajo el manto de ANV, controlan los ayuntamintos de Oiartzun, Lezo, Pasaia, Usurbil y Hernani, todos en el área de Donostialdea, la comarca que tiene el problema más acuciante con sus basuras, tras la decisión de cerrar en septiembre de este año el vertedero de San Marcos, el más grande de Guipúzcoa.

La izquierda abertzale y partidos contrarios a la incineración, como EB y Aralar, dominan también la zona de Mondragón y han aumentado su presencia en las comarcas de Azpeitia, Tolosa y el Goierri. Esta nueva correlación de fuerzas se plasmará en la próxima renovación de los órganos de decisión supramunicipales y tendrá efectos directos sobre la incineradora prevista en terrenos de Zubieta, pertenecientes a San Sebastián pero muy cercanos a Usurbil y Lasarte-Oria.

Ante la nueva realidad en las mancomunidades, la Diputación ha dado un paso atrás y se sitúa ahora en un segundo plano, pese a que hasta ahora ha sido el principal impulsor de la planta de combustión. El nuevo diputado foral de Desarrollo Sostenible, Carlos Ormazabal (PNV) ha insistido en que la Diputación apuesta por el actual plan de residuos, pero al mismo tiempo que respetará lo que decidan las mancomunidades. La institución foral es el socio mayoritario del Consorcio de Residuos, creado poco antes de las elecciones y encargado de gestionar la futura incineradora.

Según los compromisos adoptados por este consorcio, donde también están representadas siete mancomunidades (todas salvo la de Txingudi, que tiene pendiente decidir si sigue adelante con su propia incineradora), el próximo 29 de julio termina el plazo para que el Ayuntamiento donostiarra remita al Gobierno vasco los estudios de impacto ambiental y la propuesta de modificación urbanística de la parcela donde debería ir la incineradora.

Todos los plazos están ya establecidos con el objetivo de que en julio de 2009 estén clausurados todos los basureros existentes en Guipúzcoa -Azpeitia, Zarautz y Beasain, además de San Marcos-, de modo que la planta incineradora empiece a funcionar en 2012. Durante esos tres años de diferencia, las basuras deberán trasladarse a territorios cercanos, según ha defendido hasta ahora la Diputación.

La posición de Olano podría retrasar aún más este calendario consensuado con los ayuntamientos y favorecer que se den situaciones como las vividas recientemente en Nápoles, donde toneladas de basuras se amontonaron en las calles por no existir infraestructuras donde tratarlas.