El litigio de Sociedades siembra de salvedades las auditorías empresariales

Las sucesivas anulaciones y suspensiones del Impuesto de Sociedades tienen su reflejo en las memorias de las empresas vascas. El pasado año las sociedades cotizadas en Bolsa y las participadas por capital extranjero lo reflejaron en sus memorias. Este año, por recomendación del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, lo hacen todas las auditadas. Además, varias empresas están provisionando las ayudas fiscales suspendidas por la UE.

La inseguridad jurídica existente sobre la tributación aplicable a los beneficios empresariales, debido al cuestionamiento judicial del Impuesto de Sociedades, ha llenado de salvedades los informes de auditoría de las compañías vascas en los dos últimos ejercicios. En ellos se advierte de la provisionalidad de las liquidaciones fiscales practicadas, al estar anuladas o suspendidas por los tribunales la normativa foral (sustancialmente, el tipo aplicable). No obstante, en la mayoría de los casos se hace constar que "de la resolución final de las actuaciones judiciales y los recursos planteados no se derivará un impacto significativo sobre las cuentas anuales [de la compañía] tomadas en su conjunto".

Fuentes del sector de auditorías confirman que la consecuencia económica final, incluso aunque se anule el tipo del 32,6% suspendido, será mínimo. El engorro, agregan, es no poder ofrecer a los socios y accionistas unas cifras precisas de la situación fiscal, con una consecuencia de imagen derivada. "A los socios extranjeros de las compañías vascas no les parece muy serio que no se sepa qué fiscalidad hay que aplicar, les cuesta entenderlo", señala un auditor. En España tienen que someter sus cuentas a una auditoría externa, todas las sociedades mercantiles con una cifra de negocios superior a 4,7 millones de euros, que tengan más de 50 empleados o contraten con la Administración por más de 600.000 euros.

Las salvedades

de auditoría en las memorias de las empresas vascas obedecen a la anulación por el Tribunal Supremo, en diciembre de 2004, de una parte sustancial del Impuesto de Sociedades. Entre otros aspectos, el tipo del 32,5%, dos puntos y medio inferior al de territorio común, por considerarlo ayuda de Estado según la doctrina de la UE. Desde entonces se han venido poniendo parches en el impuesto hasta la reforma de la norma foral en Vizcaya y Álava, que establece una rebaja del tipo impositivo del 32,6% al 28% para las grandes empresas y del 24% para las pymes aplicable al ejercicio de 2007. En Guipúzcoa no se ha aprobado la reforma.

Sin embargo, para los ejercicios de 2005 y 2006 no existe un tipo definido, ya que las soluciones utilizadas por las diputaciones para sortear la sentencia del Supremo (repetir primero el tipo del 32,5% y elevarlo luego una décima, hasta el 32,6%) fueron anuladas y suspendidas, respectivamente por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

En medio de esta confusión, el Tribunal Superior decidió elevar al Tribunal de Justicia Europeo, con sede en Luxemburgo, una cuestión prejudicial (consulta vinculante) que zanje la discusión de fondo que late en la cadena de causas judiciales suscitada sobre el Impuesto de Sociedades: la posibilidad o no de que, a la luz de la legislación de la UE, la fiscalidad vasca sobre las empresas se diferencie de la vigente en el resto de España.

Ayudas cuestionadas

Lo que puede resultar más complicado y no figura en las memorias es el impacto de las ayudas fiscales a la inversión suspendidas por la Unión Europea. Se trata, concretamente, de las llamadas vacaciones fiscales, que eximían del pago por beneficios durante varios años a las empresas de nueva creación, y el crédito fiscal del 45%, que permitía deducir en el Impuesto de Sociedades ese porcentaje en el caso de nuevas inversiones de más de quince millones de euros.

Ambas medidas fueron derogadas en 2000, aunque Bruselas sostiene, y el Tribunal acepta, que siguen teniendo efectos. La Comisión tampoco ha logrado, pese a sus requerimientos, que las diputaciones forales le entreguen el listado de las empresas beneficiadas (se estima que rondan las 130) ni la cuantificación de las ayudas. Los auditores consideran que la decisión de Europa sí tendrá efectos contables. De hecho, algunas empresas ya las han provisionado y todas las tienen en mente. La Comisión Europea ha recurrido de nuevo al Tribunal de Luxemburgo para que aplique sanciones al Reino de España por no haberse procedido a la devolución de las ayudas o a la comunicación de la lista de beneficiados. De hecho, es este último motivo, que Bruselas no se haga con la lista de las empresas beneficiadas, la que lleva a que no se explicite una salvedad en las memorias. Los auditores esperan que, si la decisión de Bruselas se hace finalmente efectiva, las haciendas vascas articulen una fórmula para compensar a las empresas con otro tipo de ayudas, algo que, según dicen, ya se ha hecho en casos similares.