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Editorial:

Impuestos de saldo

Desde 1996 la rebaja de impuestos se ha convertido en la propuesta económica electoral más relevante de los partidos. El PSOE y el PP vienen modulando sus programas en una puja vertiginosa por ver quién ofrece el mayor recorte en la tarifa del impuesto sobre la renta, en el sobrentendido de que los recortes fiscales constituyen una baza electoral segura. No es de extrañar que Mariano Rajoy pretenda atraer a los votantes con un plan que incluye, entre otras promesas, bajar el tipo marginal mínimo del IRPF al 12%, situar el máximo por debajo del 40%, disminuir el impuesto de sociedades y eliminar los de sucesiones y patrimonio.Las propuestas de rebaja fiscal gozan de gran favor entre la ciudadanía. Pero deben exponerse de forma razonada y respetuosa y responder al menos a tres cuestiones: cuánto cuestan -es decir, cuánto deja de ingresar el Estado con su aplicación-, a quién benefician y a quién perjudican. La primera cuestión debe responderse porque una pérdida sustancial de recaudación puede implicar un cambio en la distribución de los gastos públicos. La segunda y la tercera son relevantes porque una rebaja lineal de las tarifas del IRPF -y la que propone el PP lo es- beneficia más a las rentas más altas y apenas supone un alivio para las más bajas.

Ninguna de las tres preguntas aparece explicada, ni siquiera enunciada, en la oferta de Rajoy. Por tanto, puede calificarse de electoralista en el peor de los sentidos posibles. Los contribuyentes avisados recordarán que la reforma tributaria del primer Gobierno de Aznar incorporó un truco. Como el Ejecutivo se cuidó de no deflactar las tarifas del IRPF, la inflación elevó el tramo en el que se encuadraba cada declarante y al cabo de dos años los ciudadanos pagaban igual o más que antes de la reforma.

El PP soslaya la primera decisión que debe tomar cualquier política fiscal responsable, que es debatir y acordar cuál es el volumen de ingresos que necesita la sociedad española para cubrir los servicios públicos indispensables, como la educación, la justicia, la protección social o la seguridad. Y tampoco relaciona la eventual rebaja de impuestos con un programa efectivo de persecución del fraude fiscal. Porque no es verdad esa afirmación genérica de que los españoles pagan muchos impuestos; lo que sí es verdad es que unos pagan demasiado -que son los que resultarían menos beneficiados por la reforma de Rajoy- y otros no pagan un euro. No por casualidad serán los que más provecho saquen del adelgazamiento del IRPF.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de julio de 2007