Hacienda intensificará la vigilancia sobre los alquileres y la transmisión de inmuebles

Los alquileres no declarados y las transmisiones de viviendas que se declaran por debajo del valor real de mercado serán los objetivos prioritarios de Hacienda en su lucha contra el fraude en los próximos meses. En esos puntos incidirá próximamente el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, según dijo ayer el director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche. Este proyecto, que arrancó hace más de dos años, está abierto a revisiones y modificaciones, según Pedroche. En España, 6 de cada 10 alquileres no están declarados al fisco.

La lucha contra el fraude inmobiliario ha dado "un giro radical" con la constitución de unidades de investigación específicas para el sector. Así lo explicó Pedroche durante su intervención en un curso sobre Hacienda pública organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. El método de trabajo de la Agencia en este terreno ha cambiado. Mientras antes se seguía al contribuyente propietario, que puede variar en cada operación, ahora se rastrea un mismo bien inmueble para afinar más la investigación, explicó.

En España, 6 de cada 10 alquileres no están declarados, por lo que quedan fuera del control de Hacienda, según datos del Ministerio de Economía de principios de año. Calculan que existen unos 977.306 arrendamientos sumergidos, que mueven cerca de 1.800 millones de euros anuales. En cuanto a las transmisiones que se hacen por debajo del precio real de la vivienda, el Catastro calcula que sólo el 15% de las escrituras refleja el precio pagado realmente por el inmueble. El seguimiento de estas operaciones, por tanto, es una de las principales necesidades de la lucha contra la elusión fiscal.

El ámbito inmobiliario ya se encontraba entre las prioridades de la lucha contra el fraude en Hacienda. En enero de este mismo año, la Agencia Tributaria anunció que iba a dedicar a 2.000 funcionarios, el 40% del personal de Inspección, a estos trabajos concretos.

Las declaraciones de Pedroche indican que estos esfuerzos aún no son suficientes, si bien alabó los resultados que está teniendo el Plan de Prevención del Fraude Fiscal desde que se pusiera en funcionamiento hace casi dos años y medio. "Los resultados han sido satisfactorios", pero es "preciso seguir avanzando en las estrategias para perseguir el fraude y hacer que los que ahora no pagan, paguen como el resto", aseguró a los periodistas.

Pedroche eludió avanzar datos concretos sobre los resultados del plan en el primer semestre de 2007, que se están cerrando en estos momentos y que se presentarán en el Congreso de los Diputados "a finales de julio o primeros de septiembre".

Intercambios con Europa

Otro de los aspectos que el responsable de la Agencia Tributaria cree fundamental para perseguir el fraude es la colaboración con otros países, especialmente los europeos. España ha recibido de otros Estados información de 600.000 contribuyentes sobre los que Hacienda tenía alguna sospecha de irregularidades tributarias. Se trata de contribuyentes españoles que realizan actividades en otros países. Pedroche subrayó la importancia de este trasvase de información, pues España realiza "algo más del 60% de su comercio exterior" con esos Estados.

Del mismo modo, la Agencia Tributaria ha enviado información de 1,8 millones de contribuyentes de otros países que han operado en España.

A preguntas de los periodistas, Pedroche aludió al proyecto de Agencia Tributaria catalana recién aprobado por el Parlamento de Cataluña siguiendo casi al milímetro las previsiones del Estatut. Ese órgano se encargará de gestionar los tributos propios de la comunidad y los que el Estado ha cedido del todo, "fundamentalmente patrimonio, transmisiones y sucesiones". Más allá de ese marco inicial, "el Estado podrá delegar, cuando así lo considere, la gestión de determinados impuestos estatales a las comunidades autónomas", algo que, según recordó Pedroche, prevé no sólo el Estatut sino también la propia Constitución.

Por su parte, en una entrevista a la cadena SER, el consejero catalán de Economía, Antoni Castells, enmarcó la agencia tributaria catalana en el "estricto cumplimiento de una obligación estatutaria". Explicó, en contestación a algunas voces del PP, que "oponerse hoy a aplicar el Estatut es oponerse a la legalidad".