Reportaje:

Los obispos llaman a cerrar filas

La Conferencia Episcopal ve los colegios como órganos de evangelización - Los prelados exigen unidad para dar la batalla al Gobierno por la materia de Ciudadanía

Los obispos viven desde hace décadas en constante disputa educativa contra los Gobiernos de turno. Pero sienten que ahora se juegan más. El campo de batalla es la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Según los prelados, el Estado pretende con esa materia "la formación obligatoria de las conciencias", un campo en que la Iglesia católica se siente desde siglos dueña y señora. Lo sostiene con ahínco el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el jesuita Juan Antonio Martínez Camino. El cardenal Antonio Cañizares, primado de Toledo y vicepresidente de la CEE, remacha esa idea con mayor severidad. "Colaborar en la implantación de la nueva asignatura es colaborar al mal", dice.

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El cardenal primado y el portavoz episcopal son los arietes principales de la CEE en la preparación, para el próximo otoño, de una guerra abierta contra esa asignatura. De momento, predican la rebeldía ante la LOE, mediante la objeción de conciencia, pero maquinan medidas más radicales. Mejor dicho, las están buscando. Lo seguro es que habrá "otoño caliente" Gobierno-Iglesia católica por esta causa.

El reto -y el problema- al que se enfrentan los prelados para dar esta batalla es la unidad de la escuela católica y de las organizaciones y congregaciones que la sustentan. Nunca como ahora se había escenificado una ruptura tan profunda en el sector. Mientras los obispos no dan tregua al Gobierno socialista, acusándolo incluso de aplastar principios constitucionales, la poderosa Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), que agrupa a la mayoría de los colegios católicos, sostiene que la polémica está desenfocada y es desproporcionada.

Profesionales por la ética

"En los momentos difíciles, la unidad es garantía de esperanza", dicen los prelados. Complicada misión. De su parte están medio centenar de organizaciones, bien coordinadas por una asociación civil creada por un grupo de jóvenes en 1992. Se llaman Profesionales por la Ética y tiene ámbito nacional, pero también está constituida, con amplia autonomía operativa, en la mayor parte de las comunidades autónomas.

También se destaca en esta batalla, como siempre que los obispos reclaman su colaboración, la Confederación Nacional Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Concapa).

El problema de los obispos es la debilidad de sus argumentos, pese a la contundencia con que los reiteran. Un ejemplo. A la acusación de Cañizares, nada velada contra la FERE, de que quienes colaboren a la instauración de la asignatura de Ciudadanía estarán colaborando "al mal", el secretario general de esta federación de religiosos, el salesiano Manuel de Castro, responde: "Esa afirmación nos parece un poco exagerada y, por supuesto, no la compartimos". Su criterio es que dando la asignatura como han negociado y pactado con el Ministerio de Educación están formando "buenos cristianos y buenos ciudadanos".

Un repaso a los manuales editados hasta ahora sobre esta polémica asignatura -media docena de libros ya en el mercado y se esperan otros tantos- indica, efectivamente, que los temas polémicos, inaceptables para los obispos, como homosexualidad, matrimonios gays, en general el sexo y las tesis constitucionales sobre el género, se tratan con suma prudencia. Incluso ni siquiera se tratan en algunos de esos manuales, pese a lo ordenado por el Ministerio de Educación en reales decretos ya en vigor.

Claro que, como reiteran los prelados, el problema no son los contenidos de un manual concreto, sino la propia asignatura. Sencillamente, la Conferencia Episcopal le niega al Estado derecho y capacidad para educar u opinar en tales materias. Lo sostiene en un documento aprobado por el pleno de la CEE en abril pasado, que los obispos han desempolvado ahora. Se titula La escuela católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI.

La tesis episcopal es que en la raíz de la nueva asignatura, como propósito del Gobierno socialista, está "el intento de hacer prevalecer una antropología sin Dios y sin Cristo". También se quejan de que "no pocas familias tienen dificultades para ejercer su derecho de elegir el tipo de enseñanza que deseen de acuerdo con sus convicciones".

Añaden: "Son muchos los alumnos que quedan fuera de la escuela católica por las trabas que suponen las condiciones establecidas por la Administración educativa para su admisión. El mismo ejercicio del derecho del titular a establecer el carácter propio del centro se ve, a veces, dificultado por la obligada aceptación de alumnos cuyos padres se oponen a que sus hijos reciban la enseñanza de la religión católica".

La tesis episcopal es que las escuelas católicas están abiertas "a todo tipo de alumno" con tal de que acepte el "proyecto educativo" del centro, pero que, en la práctica, "la aplicación de la ley dificulta el ejercicio del derecho de opción de los padres, e incluso, obligan a recibir alumnos que se oponen a dicho proyecto".

El cardenal Cañizares; el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, y el cardenal Rouco, de izquierda a derecha.
El cardenal Cañizares; el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, y el cardenal Rouco, de izquierda a derecha.EFE

Añoranzas del florido pensil

El Estado financia a los colegios católicos concertados -2.375 centros en 2006-, con algo más de 3.000 millones de euros anuales. No es pequeña cantidad, pero los obispos la creen insuficiente. Opinan que sus servicios a la sociedad merecen mejor pago. El dinero lo administranlas congregaciones religiosas, propietarias de unos colegios que educan este curso a 1.368.237 alumnos. En algunas comunidades autónomas, sobre todo las gobernadas por nacionalistas con tinte democristiano, la mitad de la enseñanza primaria y secundaria está en manos de religiosos.La Conferencia Episcopal -que recibe también fondos estatales para sueldos de curas y obispos- se toma la contabilidad de la escuela católica como propia. Las congregaciones están a las órdenes y las opiniones de cada prelado en su diócesis. Como dice el documento La Escuela Católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI, cada colegio católico es una prolongación de la parroquia y tiene como misión la evangelización del alumnado.Se trata de un emporio educativo impresionante, que se prolonga con fuerza creciente en el nivel universitario. Pero los obispos se creen amenazados. Ven por todas partes obstáculos legislativos y, además, asisten impotentes al vaciamiento de muchas congregaciones religiosas tradicionales en el sector -escolapios, jesuitas, agustinos, salesianos, teresianas, esclavas-, que pierden efectivos por falta de vocaciones y se ven obligadas a dejar en manos de gerentes y profesores laicos la dirección y el desarrollo de sus colegios.Los problemas de la escuela católica son, por tanto, consecuencia de la crisis global del catolicismo español. Acostumbrada a un monopolio de siglos en la enseñanza, por dejación de los Gobiernos o por imposición de dictaduras que ella misma había contribuido a instalar en el poder, la Iglesia católica española echa de menos el florido pensil de la educación del pasado, todopoderosa y de asfixiante y ridículo rigorismo tridentista, además de la única existente en muchas grandes poblaciones.La repulsa del cardenal Cañizares y del jesuita Martínez Camino por la asignatura Educación para la Ciudadanía tiene que ver con esa pérdida de poder e influencia. Quitándole al Estado derecho alguno a intervenir en la educación de los ciudadanos, parecen añorar precisamente lo que echan en cara al Gobierno socialita. Es decir, el monopolio eclesiástico que fue en tiempos no lejanos la educación de las conciencias y la formación del espíritu nacional en un régimen sin constitución, sin democracia, sin libertad religiosa -salvo para una sola religión, la del Estado de entonces- y sin derechos humanos.Los obispos no se oponen a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Se oponen a que no sean ellos los encargados de seleccionar a los profesores que la impartan, por supuesto contratados y pagados por el Estado.

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