El Gobierno de México moviliza el Ejército tras los atentados contra varios gasoductos

El Gobierno mexicano ha movilizado el Ejército y la Policía Federal para custodiar por tierra, mar y aire todas las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), tras las explosiones registradas los pasados días 5 y 10 de julio en gasoductos de la compañía estatal petrolera en la zona del Bajío -en los Estados de Querétaro y Guanajuato-. De estos ataques se ha responsabilizado el Ejército Popular Revolucionario (EPR), una organización guerrillera conocida pero muy poco activa que surgió entre los meses de junio y agosto de 1996 en los Estados de Guerrero y Oaxaca.

En el comunicado difundido el martes pasado, mediante el cual el EPR se adjudicaba la autoría de los atentados, el grupo rebelde aseguraba que sus ataques pretendían llamar la atención sobre dos militantes de la organización supuestamente desaparecidos en Oaxaca en mayo pasado. La Fiscalía mexicana asegura que no están en ninguna dependencia policial o penitenciaria.

Los efectivos militares y policiales vigilan las 11 refinerías, plataformas, redes de distribución, plantas petroquímicas, y los campos de Campeche, Tabasco y Chiapas, consideradas todas ellas instalaciones estratégicas. Así lo confirmó Víctor Hugo Deschamps, portavoz de la refinería Miguel Hidalgo de Tula.

Mil empresas de diverso tamaño y sector de los Estados de Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes sufren las consecuencias de las explosiones en gasoductos de Pemex, según indicaron fuentes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra). La empresa Vitro, la mayor productora de vidrio de México, ha interrumpido las actividades en dos de sus plantas. Las pérdidas ascienden a 580.000 euros diarios. Asimismo, la falta de gas ha obligado a Ideal Standard, dedicada a la producción de baños y sanitarios, a suspender exportaciones por más de cinco millones de dólares (3,6 millones de euros). Un centenar de grandes empresas de Guanajuato están sin gas debido al corte del suministro desde el día de las explosiones.

El petróleo sigue siendo la primera fuente de ingresos de México. Según dijo el presidente, Felipe Calderón, el mes pasado, constituye el 40% de las divisas que entran en el país. México ocupa el puesto número 14 del mundo en cuanto a reservas probadas de petróleo, con 12.352 millones de barriles, y salta al sexto lugar en cuanto a producción de crudo.

Las principales fuerzas políticas reclaman investigar a fondo los ataques a instalaciones de Pemex, y acusan de incapacidad a los servicios de inteligencia del Estado por no haber sido capaces de prevenir presuntos atentados. "Hasta hoy no han parecido tan inteligentes como quisiéramos, si no, hubiésemos tenido algunas acciones de orden preventivo", ha declarado el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, que es a la vez el coordinador parlamentario del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Algunas voces dudan de la autenticidad del comunicado del EPR y califican las explosiones en los gasoductos de maniobra de distracción. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD), derrotado en los comicios de hace un año, declaró ayer que los presuntos atentados son "una cortina de humo" para desviar la atención del escándalo provocado por las recientes declaraciones del empresario chino nacionalidad mexicano Zhenli Ye Gon, que aseguró que los 205 millones de dólares decomisados en su casa en la Ciudad de México fueron utilizados en la financiación de la campaña electoral del hoy presidente Felipe Calderón. En parecidos términos se expresó la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

Un antiguo guerrillero de los años setenta, José Luis Alonso Vargas, minimizó la capacidad operativa del EPR, grupo que, en su opinión, no tiene más de una veintena de militantes armados. El antecedente más próximo de un atentado contra instalaciones estratégicas se remonta al año 1994, cuando el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), del que surgió el EPR, dinamitó varias torres eléctricas en el estado de Puebla, en una acción de solidaridad con el levantamiento zapatista en Chiapas.