El negocio de las dependencias

El Estado de bienestar inicia este año en España una nueva y complicada aventura: poner en marcha a partir de 2008 el sistema nacional de atención a las personas dependientes, creado por la conocida como Ley de Dependencia (de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia). Su objetivo final es la extensión del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) a casi millón y medio de ciudadanos con distintos grados de incapacidad para valerse por sí mismos.

"Con el SAAD nace una nueva dimensión económica y social", afirma Javier Benavente

El 70% de las personas dependientes vive hoy en el entorno familiar, al cuidado de mujeres

Gobierno y empresarios especializados en prestar servicios sociosanitarios calculan que para afrontar este enorme reto se necesitarán unos 300.000 profesionales. No los hay en el mercado laboral, ni siquiera buscando fuera de España. Pasarán años antes de prepararlos, pero este cuarto pilar del Estado de bienestar (los tres primeros son Sanidad, Educación y Pensiones) no puede esperar tanto. Ya hay varias empresas -incluso alguna constuctora- preparándose para prestar un servicio que promete negocio de miles de millones anuales, y también influencia.

Cada año hay en España 150.000 personas que cumplen 65 años. El grupo de españoles con 85 y más años crecerá un 80% en las dos próximas décadas. Y el de 20 a 34 años perderá casi un tercio de sus efectivos. Teniendo en cuenta la implacable correlación entre edad y dependencia, la cifra de españoles con derecho en el futuro a recibir las ayudas del SAAD se dispara cada día. El 32% de las personas mayores de 65 años tiene algún tipo de discapacidad, frente al 5% del resto de la población.

El presidente de la Fundación Alares, Javier Benavente, que lleva años en el sector servicios con programas de asistencia familiar y de conciliación laboral, familiar o personal, y que es ahora pionero en el de la dependencia, reconoce la suma complejidad que supone la creación del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Pero es optimista.

"Con el SAAD nace una nueva dimensión económica y social. Aparecerán nuevas demandas que habrán de atenderse desde nuevos negocios y servicios, y con fórmulas organizativas, tecnológicas y de respuestas personales y profesionales. Pronto se verán cumplidos los pronósticos de los estudios previos sobre lo que va a significar económicamente el SAAD, no sólo en los empleos a crear y en los retornos empresariales y fiscales subsiguientes, que rebajarían la aportación del PIB que hay que destinar al SAAD. Esas expectativas se verán desbordadas al alza", sostiene el empresario Benavente.

En todo caso, el nuevo pilar del Estado de bienestar resulta imparable. Es más, llega a España con retraso, en comparación con los grandes países de la UE. Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de 2004, el 68,5% de los españoles citaba el apoyo a las personas dependientes entre las tres medidas que debía tomar el Gobierno para facilitar la vida familiar. Un 70% se mostró incluso partidario de asumir subidas de los impuestos si se dedicaban a incrementar este tipo de servicios sociales.

En la puesta en marcha del SAAD están implicados el Ejecutivo central, que pone el 50% del dinero, y los Gobiernos autónomos, que deben aportar el otro 50% porque tienen transferidas las competencias en esas materias. Se trata de miles de millones de euros en más gasto social cada año. Pocos expertos se atreven a hacer el cálculo, ni siquiera aproximado, pero hay esta reciente orientación solemne: el Congreso de los Diputados aprobó el miércoles pasado, al final del debate conocido como del estado de la nación, una resolución obligando al Gobierno a destinar en 2008 mil millones más de los previstos inicialmente para el SAAD. La votación fue promovida por Izquierda Republicana de Cataluña (ERC). El PP votó a favor y el PSOE se opuso. Antes, a propuesta de socialistas, IU-ICV y Chunta Aragonesista, se había aprobado otra resolución que instaba al Ejecutivo socialista a aumentar en un 25% el dinero "previsto" para empezar a aplicar la Ley de Dependencia en 2008.

"Todos los que aprobamos esta ley estamos preocupados por su despliegue. Sabemos lo importante que es que el SAAD satisfaga las expectativas creadas". Esto dice la resolución de los republicanos catalanes, conscientes de que las comunidades autónomas no disponen de dinero suficiente "para llevar a cabo la ingente tarea que han asumido".

No se sabe cuánto dinero costará el SAAD en el primer año de su desarrollo, pero sí quién ha de ponerlo sobre la mesa: el Estado (central y autonómico), vía impuestos; y las personas dependientes, en función de su nivel de renta. La infraestructura del servicio correrá a cargo, en su inmensa mayoría, de la empresa privada. "Habrá grandes oportunidades para las iniciativas rentables y para demostrar que la solidaridad también contribuye a la competitividad económica, amén de hacerlo a la calidad social", afirma el empresario Benavente.

Además de Alares, que cuenta hoy con 400.000 beneficiarios de sus servicios de atención a la familia dentro del programa Conciliación Familia-Trabajo, actúan en ese sector y, por tanto, se preparan también para abordar el reto del SAAD, empresas como Eulen, Mapfre Quavitae, Sanitas, Sar, Amma Gerogestión, Ballesol, Concilia, Caser, Mas Vida Red, Antikua, Icas, HealthCare o Behavioral. Algunas de estas empresas tienen sus propias escuelas de formación de nuevo personal.

Hoy hay en España 1.125.190 personas dependientes (de las cuales 826.500, aproximadamente, tienen más de 65 años), pero en el año 2010 serán 1.254.429. Una década más tarde, en 2020, los españoles dependientes con derecho a ayudas del SAAD sumarán 1.496.226. El 70% de las personas dependientes vive en el entorno familiar; el 15% alterna sus cuidados entre los diferentes hijos; el 3% vive solo, aunque supervisado (ayuda a domicilio), y el 12% vive institucionalizado en residencias.