Las empresas con certificados en prevención tendrán prioridad para contratar con la administración
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El Gobierno vasco anunció ayer que quiere aprobar este mismo ejercicio un decreto que de prioridad para contratar con la administración pública a aquellas empresas que demuestren sensibilidad en materia de prevención y presenten certificados homologados. El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, anunció que el decreto regulará la inclusión de cláusulas en los pliegos de contratación de la administración como una manera de reconocer el esfuerzo empresarial en ese sentido.
El departamento ha montado ya un grupo de trabajo interdepartamental para dar forma al decreto y aprobarlo antes de fin de año, como una de las medidas del Plan de Seguridad y Salud Laboral 2007-2010. Su principal objetivo es la reducción en un 50% del número de accidentes mortales, graves y muy graves.
En el diseño de las medidas han participado las diputaciones, los ayuntamientos a través de Eudel, los sindicatos salvo ELA, las patronales, varias mutuas y numerosas empresas privadas. El presupuesto es de 36,7 millones de euros para los cuatro años de vigencia del programa. El Gobierno quiere llegar a 2010 con un índice de incidencia de 50 accidentes por cada mil trabajadores, frente a los 64,66 que se registraron en 2005 y los 61,54 de 2006.
También se va a incrementar la labor de inspección, al marcarse como objetivo disponer de un inspector por cada 8.000 o 9.500 trabajadores a finales de 2010. En la actualidad es de uno por cada 20.000.
Azkarraga hizo un llamamiento a la reflexión de todas las empresas, administraciones y sindicatos para evitar la confrontación en esta materia. Según los datos que ofreció, en 2006 se produjeron 100.584 accidentes laborales, en el que 64 trabajadores murieron y 392 heresultaron heridos gravemente. De los accidentes con baja -51.708 el pasado año, un 14% menos que en 1998- el 90,37% se produjo en la jornada laboral y el 9,63% en los desplazamientos al lugar de trabajo.
ELA criticó que el plan de Azkarraga, en cuya elaboración rechazó colaborar, "tiene unos objetivos genéricos, insuficientes y pocos ambiciosos".
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