El espionaje italiano vigiló a cientos de jueces durante el mandato de Berlusconi

El Sismi (servicio de información militar italiano) espió a más de 200 jueces europeos (incluido Baltasar Garzón) entre 2001 y 2006, los años en que Silvio Berlusconi fue presidente del Gobierno. El objetivo, según se deduce de varios documentos, consistía en presionar a los magistrados y organizar campañas de descrédito contra ellos. También eran espiados políticos de la oposición y periodistas. El general Nicoló Pollari, director del Sismi hasta 2006 y, como tal, directo responsable de los abusos de sus agentes, es ahora asesor del presidente del Gobierno, Romano Prodi.

Hace casi un año, cuando Prodi acababa de relevar a Berlusconi, se descubrió que el Sismi tenía alquilado clandestinamente un piso en Roma en el que un equipo especial, dirigido por el agente Pio Pompa, acumulaba información sobre centenares de ciudadanos. En el piso, situado en la céntrica Via Nazionale, había miles de informes. El director general del Sismi, Nicoló Pollari, en una situación delicadísima por su presunta participación en el secuestro del imán egipcio Abu Omar por parte de la CIA, fue relevado y enviado como asesor a la Presidencia del Gobierno. Los informes quedaron en manos de los tribunales.

Se comprobó rápidamente que entre los espiados destacaban los jueces: 203 en total, de los que 47 eran italianos y el resto de otros países europeos. Casi todos pertenecían a Medel, una asociación profesional de jueces progresistas de la UE. Una de las víctimas del abuso era el juez Baltasar Garzón, que aparecía en los listados del Sismi como Baldassarre Garzón. El Consejo Superior de la Magistratura (CSM), máximo órgano judicial de Italia, estudió los informes incautados al Sismi y el miércoles emitió una dura nota de condena.

"La intención era provocar una pérdida de credibilidad de quienes [en referencia a los jueces] trabajaban en procesos particularmente delicados", dijo el CSM. El Consejo subrayó que la obligación del Sismi era la de "velar por la integridad del Estado, no la de garantizar la estabilidad de un determinado Gobierno". El ministro Antonio di Pietro, antiguo fiscal de Milán durante la Operación Manos Limpias, comentó lo que parecía obvio: "En el Gobierno de centroderecha había personajes, comenzando por el mismo presidente , interesados en criminalizar a los magistrados para resolver sus asuntos judiciales privados".

El general Pollari aseguró, por su parte, que ninguna de las actividades denunciadas era ilegal. "No considero aceptable que las instituciones se pronuncien sin un conocimiento completo de los hechos, ni que se organicen procesos mediáticos en perjuicio de una institución republicana que trabajaba con el único fin de garantizar la seguridad del Estado y de los ciudadanos italianos en momentos delicados y difíciles", declaró el ex director del Sismi. Fabrizio Cicchito, dirigente de Forza Italia, acusó al CSM de "exceder sus límites constitucionales" y de "anticipar la sentencia en un caso sobre el que un tribunal está investigando".

El espionaje sobre los jueces incluía la interceptación de todos sus correos electrónicos y, ocasionalmente, escuchas telefónicas y seguimientos. En ese sentido, en el piso secreto del Sismi se recibía información abundante. El caso constituye el enésimo escándalo que sacude los servicios de espionaje italianos, afectados recientemente por el caso Abu Omar, el caso Nigergate (la implicación en la falsa noticia de que Irak había comprado uranio en ese país africano) y el caso Telecom (una red de espionaje ilegal centralizada en la compañía telefónica Telecom Italia). Todos esos asuntos permanecen aún bajo investigación.

En busca de subversivos

Otra cosa es la utilidad real de la información acumulada por el Sismi. El jefe operativo del piso secreto, Pio Pompa, un personaje pintoresco, destaca fundamentalmente por la capacidad de dar coba a sus jefes. En 2001, cuando Berlusconi ganó las elecciones, envió al nuevo presidente del Gobierno una carta en la que decía: "Seré, si usted quiere, su hombre fiel y leal; deseo tenerle como referencia y ejemplo". Pompa, que hasta ahora se ha acogido al secreto de Estado, redactaba unos informes kafkianos. Después de un encuentro del juez romano Domenico Gallo con Joseba Álvarez, responsable internacional de Batasuna, acusaba al juez de formar parte del "movimiento subversivo" mundial, en colaboración con el alcalde de Bolonia, Sergio Coferatti, el presidente boliviano, Evo Morales, el subcomandante Marcos y las FARC colombianas, entre otros.

En otro informe, Pompa indicaba que los artículos críticos con Berlusconi que aparecían con frecuencia en la prensa internacional (y citaba The Economist, The Guardian y Libération) eran fruto de la conspiración de un grupo de "periodistas y juristas militantes" conectados con Voce della Campania, una prestigiosa revista napolitana surgida del PCI en 1975, que, a través de un catedrático local, se conectaba a su vez "con el fundamentalismo islámico".