Bush, por encima de la ley

Recibido como un inesperado regalo de 4 de julio, los principales políticos del Partido Demócrata interpretaron ayer la decisión del presidente, George Bush, de conmutar la pena de dos años y medio de prisión a su estrecho colaborador Lewis Scooter Libby como la prueba definitiva de que esta Administración se ha situado por encima de la ley.

Se trata de un caso enormemente simbólico y, por tanto, de enorme repercusión política. Libby, ex jefe de Gabinete del vicepresidente Dick Cheney, es el único alto funcionario de esta Administración condenado por los tribunales en relación con la campaña de propaganda organizada para justificar la guerra de Irak. Al perdonarle, Bush está perdonando también a todos los que colaboraron con Libby, a sus jefes, a Cheney y, en última instancia, a él mismo.

La decisión deja claro que el mandatario está en sus horas finales y no mira las encuestas

Lewis Libby, sus amigos y el reducido círculo político que siempre le amparó han reaccionado, por supuesto, con entusiasmo a la medida de la Casa Blanca. Pero, lejos de la pasión de unos y de otros, lo que esta sorprendente e impopular decisión deja claro es que Bush es ya un político en sus horas finales que no mira las encuestas ni demuestra gran preocupación por el juicio de la historia.

Porque el juicio de la historia, según ha declarado el presidente del grupo demócrata en el Senado, Harry Reid, "será muy severo con Bush después de esta decisión". Hillary Clinton, Joseph Biden, Patrick Leahy, presidente del Comité de Asuntos Judiciales del Senado, entre otros ilustres demócratas, han insistido, más o menos en los mismos términos, en el carácter antidemocrático y abusivo de esta medida. Y en efecto, se trata de una decisión muy inusual en la gestión de un presidente -el último caso similar es el perdón otorgado por George Bush padre, semanas antes de dejar la presidencia, a los acusados por el caso Iráncontra- y muy difícil de justificar en un Estado de derecho.

En la declaración escrita en la que explica su posición, Bush afirma: "Respeto el veredicto del jurado. Pero he llegado a la conclusión de que la sentencia impuesta a Libby es excesiva... Mi decisión de conmutar la sentencia de prisión deja todavía un duro castigo para Libby".

Es verdad que Libby mantiene su condena de 250.000 dólares (unos 180.000 euros) de multa, dos años de libertad vigilada y, lo más grave de todo, una larga carrera dedicada a la política y el derecho arruinada. Pero la sentencia de prisión era la que el juez, conforme con la petición del fiscal, consideraba acorde con un delito que implicaba mentir al FBI y otros investigadores en un caso que afectaba a la seguridad nacional: la revelación del nombre de una agente de la CIA, Valerie Plame, para desprestigiar a su marido, Joseph Wilson, que previamente había desvelado que la acusación de que Sadam Husein había comprado uranio enriquecido en Níger era falsa. El juez que impuso la sentencia a Libby recordó que su obstrucción de la investigación era particularmente inaceptable, por tratarse de un alto funcionario a quien se supone dispuesto a colaborar con la justicia en mayor grado que un ciudadano corriente.

Precisamente por la gravedad del asunto, el fiscal del caso, Patrick Fitzgerald, criticó ayer duramente la conmutación otorgada a Libby y le recordaba al presidente que "es fundamental en el imperio de la ley que cada ciudadano sea tratado igual ante la justicia".

Bush no consultó con Fitzgerald, como le hubiera correspondido hacer de acuerdo al procedimiento habitual en estas situaciones, ni lo hizo, al menos formalmente, con los responsables del Departamento de Justicia. Aunque el portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, aseguró ayer que Bush ha estado sopesando su decisión y discutiéndola con sus asesores durante varias semanas, ésta parece una medida tomada en la soledad del Despacho Oval y compartida con muy poca gente.

Dos candidatos republicanos, Rudolph Giuliani y Mitt Romney, han respaldado la postura de la Casa Blanca, que podría también ganar las simpatías de quienes crean que, en definitiva, el presidente está siendo solidario con sus colaboradores. Pero expresar esa solidaridad al precio de crear una justicia de doble baremo, no es algo que vaya a ayudar a aumentar la maltrecha popularidad de Bush.