El fiscal pide seis meses de cárcel a una pareja por no llevar a sus hijos a clase

La Fiscalía de Córdoba solicita que una pareja, de 40 y 38 años de edad, sea encarcelada durante seis meses cada uno por no haber llevado a sus cuatro hijos a clase. La mayor de las hijas, que nació en 1990 y estaba matriculada en un instituto de Bujalance (Córdoba), faltó 353 días a clase entre 2003 y 2006. Antes de llegar a esta medida judicial, las administraciones recurrieron sin éxito a la intervención del propio centro, del área municipal de Servicios Sociales, de la Policía Autonómica e, incluso, de un mediador de la comunidad gitana.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Córdoba considera que los progenitores han incurrido en un delito de "abandono de menores". Los cuatro hijos estaban en edad de escolarización obligatoria. Sus padres los matricularon en el Instituto de Enseñanza Secundaria Mario López y en el Colegio Público Inmaculada del Voto, ambos centros radicados en Bujalance (Córdoba). Sin embargo, faltaban a las clases de manera reiterada.

La hija mayor no fue a su instituto durante 130 días en el curso 2003-2004, 94 días en el 2004-2005 y 129 en el 2005-2006. Su hermano, nacido en 1991, faltó 111 días entre el año 2004 y el 2006. Su hermana, nacida en 1995, no fue al colegio 76 veces en el mismo periodo. Por último, el menor de los niños faltó 110 en esos dos cursos.

Según la calificación del fiscal, los dos acusados sabían que sus hijos estaban en la edad de "escolarización obligatoria y asistencia regular a clase". El Ministerio Público añade que los progenitores también conocían que "su obligación como padres" era proporcionarles esa escolarización. Sin embargo, "adoptaron una actitud de total pasividad y despreocupación". Por ello la Fiscalía solicita para cada uno seis meses de cárcel. Lo normal en este tipo de casos de absentismo escolar permitido o impulsado por los padres es que los fiscales, partiendo de la legislación vigente, soliciten penas de arresto domiciliario.

En su calificación de los hechos, el fiscal detalla los pasos que han seguido hasta solicitar esta condena. Las administraciones primero recurrieron a la dirección de los centros escolares. Luego, al equipo de orientación educativa de la zona y al área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Bujalance. El caso llegó también a manos de la Unidad de Menores de la Policía Autonómica. Por último, se recurrió a un mediador de la comunidad gitana, quien consiguió llegar "a acuerdos con los acusados para que sus hijos asistieran a clase", que luego fueron incumplidos.

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial, José Antonio Martín Caro, quiso aclarar ayer que no se perseguirá a los padres de hijos, sobre todo adolescentes, que falten esporádicamente a clase. Martín Caro, en unas declaraciones recogidas por la Agencia Efe, sostuvo que en este caso la pena llega tras "muchos meses de trabajo". El fiscal añadió que el objetivo del Ministerio Público "es perseguir a los padres que no cumplen sus funciones, que legalmente son más que proporcionarles una alimentación".