En el origen del urbanismo salvaje

Hay que excavar un poco entre la prosa a veces pedregosa, pero enseguida aparece el hilo conductor de La gallina de los huevos cemento. El ensayo toma como motivo la distorsión económico-política que, entre otros desmanes, ha pavimentado gran parte del litoral mediterráneo y ha empollado casos graves de corrupción municipal y autonómica. Martín Mateo dibuja con precisión las causas de tan descomunal despropósito, hoy ya muy conocidas, y lo hace sin dramatizar el alcance de la corrupción urbanística del litoral, aunque no se oculte la importancia del fenómeno.

Salvo mejor interpretación, el hilo conductor mencionado que está en la raíz institucional del caos urbanístico empieza por el monopolio municipal de las decisiones de recalificación del suelo, fuente de inagotables plusvalías, continúa por la destrucción de la estructura funcionarial independiente de los ayuntamientos, sustituida por cuadrillas de políticos, y casi termina en la incapacidad de instancias políticas superiores para enfrentarse a la tumescencia del urbanismo salvaje. Las dos primeras causas parecen muy acertadas y cualquier autoridad dispuesta a contener la escalada imparable del cemento debería tenerlas en cuenta.

El mal, según esta tesis, radica en el modelo según el cual los municipios disponen de impunidad para calificar los destinos del suelo. Durante quinquenios los políticos electos en los municipios se han dedicado a neutralizar cualquier atisbo de control que pudiera imponérseles desde las, por otra parte, muy débiles barreras erigidas por secretarios e interventores de Ayuntamiento. No es que los cuerpos burocráticos hayan presentado gran resistencia al progreso de la corrupción, el soborno y la arbitrariedad de alcaldes y concejales. Pero cuando lo han hecho han recibido una sentencia fulminante. A este respecto se cita en el libro la espeluznante declaración del celebrado Jesús Gil, cuando anunció que iba a destituir al secretario de Marbella "porque está parando el Ayuntamiento".

Así que uno de los procedimientos para recuperar el buen orden urbanístico consiste en restaurar a toda prisa el poder de los funcionarios locales independientes. A todos los efectos la independencia debe entenderse en este caso como la imposibilidad de que los secretarios o los interventores sean destituidos por los gestores políticos del concejo. En apariencia, y por el momento es mejor dejarlo ahí, ese criterio de independencia debería implicar necesariamente que secretarios e interventores dependiesen de una instancia nacional. De esta forma, quedaría garantizado al menos un equilibrio nominal de poderes.

Ramón Martín Mateo, con indudable audacia, propone que los ciudadanos participen activamente en la definición del urbanismo de su localidad; y el procedimiento de participación que menciona es el referéndum. No es una mala idea, aunque pueda parecer liosa y segregue en los cuerpos de políticos encallecidos las consabidas protestas de desorden, carestía, alboroto o desinformación. La argumentación del autor es de peso; los votantes no encuentran los planes urbanísticos reales en los programas electorales. Así que la forma más segura de evitar las tropelías del cemento en forma de hechos consumados es la consulta popular. Es decir, que los políticos electos abandonen las cómodas exposiciones en círculos reducidos de profesionales del ramo y estén obligados a defender sus planes en el ágora, directamente ante los ciudadanos.

La lectura del ensayo tiene interés porque enumera sin pasión las causas legales y burocráticas del abuso del cemento y, por lo tanto, de la corrupción. Hay otras causas importantes que el texto sugiere, pero que son igualmente importantes y que deberían ser atajadas desde un cambio legal de cierta envergadura. Las más importantes son los imperfectos, por no decir desdichados, sistemas reconocidos de financiación de los ayuntamientos y de los partidos políticos. Los no reconocidos, por supuesto, lindan con el soborno y la corrupción descarada.