El Kremlin pretende convertir de nuevo en delito la disidencia en Rusia

La Duma Estatal de Rusia (Cámara baja del Parlamento) debate hoy una ley destinada a luchar contra el extremismo que, además de propiciar la confusión sobre este concepto, politiza el Código Penal y lo convierte en un arma represiva susceptible de ser utilizada contra la disidencia. A fines de abril, durante su tradicional alocución anual, el presidente Vladímir Putin se pronunció por un endurecimiento de las medidas contra el extremismo, y las consecuencias de aquel pronunciamiento se pondrán hoy de relieve en un Parlamento dominado por sus seguidores.

La ley supone un paso más en una opaca estrategia que comenzó en 2006 con la ampliación del concepto de extremismo para incluir en él las críticas y acusaciones contra las autoridades.

Si el proyecto legal es aprobado en su versión actual, entre las circunstancias agravantes de un delito se contarán "los motivos políticos e ideológicos", así como "el odio o la hostilidad hacia un grupo social". Transgresiones como el gamberrismo o la participación en desórdenes masivos y vandalismo, podrán ser declarados actos extremistas.

La ley, que ha sido objeto de una gran controversia, contempla la posibilidad de autorizar escuchas telefónicas (con el visto bueno del juez) para sospechosos, en un endurecimiento de las medidas actuales, que sólo contemplan las escuchas si hay indicios de delito grave o muy grave. También prevé sanciones contra las personas jurídicas que difundan de "forma masiva" materiales calificados de extremistas, sin que se explique qué se considera cuantitativamente como difusión "masiva". Valentín Mijáilov, consejero jefe del servicio jurídico del presidente Vladímir Putin, ha dicho que los jueces decidirán por su cuenta en cada caso.

El artículo del Código Penal que castiga a quienes instigan a los menores a delinquir se verá complementado con el factor político. Así, si dos estudiantes menores de 18 años asisten a una manifestación política y destrozan un escaparate por odio a los ricos, los partidos organizadores de la convocatoria podrían, en teoría, ser sometidos ellos mismos a responsabilidades penales en función del concepto de extremismo. Las personas y organizaciones juzgadas por delitos de carácter extremista no pueden participar en las elecciones en Rusia.

"Atavismo soviético"

Entre las voces críticas frente a la nueva legislación se encuentran diputados como Guennadi Gudkov, miembro del Comité de Seguridad de la Duma y del grupo parlamentario Rusia Justa. Gudkov calificó el documento de "atavismo soviético" y lo criticó por eliminar cualquier limitación a las escuchas telefónicas. Según dijo, el concepto de "extremismo" queda enormemente difuso y permite incluir en él expresiones como "todos los comerciantes son unos bandidos", por cuanto puede ser interpretada como una exhortación al odio social. Según Gudkov, por odio a grupos sociales pueden interpretarse también las expresiones críticas contra potentados o funcionarios, que podrán ser castigadas con penas de tres a siete años. Incluso los refranes y frases hechas, como "un huésped no invitado es peor que un tártaro" o "los hebreos son los más listos", pueden ser peligrosas ya que pueden considerarse como actos propagandísticos de una superioridad o inferioridad racial.

"Si esta ley entra en vigor, volveremos a la época de la URSS anterior al año 1937, a las listas de la literatura ideológicamente nociva. En nuestro país se creará un banco de datos con la lista de publicaciones y obras extremistas. Todo va hacia la creación de un sistema de justicia, basado en los principios de la finalidad política", señaló Gudkov ayer a los periodistas en la Duma.

La ley se debate en segunda lectura y el texto sometido a votación ha sido modificado algo en relación a la primera lectura, que tuvo lugar el pasado mayo. El documento ha sido elaborado bajo la tutela y con la participación del Kremlin, aunque se presenta como la iniciativa de un grupo de diputados. Se trata de un conjunto de enmiendas de distintas disposiciones, desde el citado Código Penal al Código de Transgresiones Administrativas pasando por la ley de Prensa y la de derechos electorales básicos. En virtud de estas enmiendas, las motivaciones políticas se convierten en una circunstancia agravante para otros delitos.

Después, la legislación electoral fue modificada con el fin de eliminar del juego político a los que pudieran ser juzgados en función de los cambios introducidos en la etapa anterior. Ahora, se trata de establecer responsabilidades penales. Lo curioso es que las autoridades rusas ya tienen instrumentos legales para luchar contra fenómenos como el racismo y la xenofobia. Las modificaciones son tantas, que hoy resulta prácticamente imposible orientarse en la legislación sobre el extremismo, un amplio y confuso concepto en el que tienen cabida no sólo los que inciten a la violencia, al terrorismo o al odio interétnico, sino también los que "calumnien públicamente" a las autoridades y los que "humillen el honor nacional".