2.000 intelectuales critican el acoso a una periodista por el gobernador de Puebla

Más de 2.000 artistas, intelectuales, periodistas y activistas de México y EE UU han iniciado una campaña para pedir el juicio político contra el gobernador del Estado de Puebla, Mario Marín, acusado de violaciones graves de las garantías de la escritora y periodista Lydia Cacho, y de complicidad con una red de pornografía infantil y corrupción de menores, que involucra a empresarios y políticos poderosos. Los diarios mexicanos publicaron un manifiesto firmado por una larga lista de nombres conocidos, en vísperas de que la Corte Suprema mexicana empiece a discutir sobre el caso y el futuro de Marín.

Bajo el título Había una vez un pederasta que estaba protegido por sus muy poderosos amigos, la carta lleva la firma, entre otros, de los cineastas como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Luis Mandoki, Milos Forman y Gus Van Sant; los actores Salma Hayek, Gael García Bernal, Diego Luna, Pedro Armendáriz, Sean Penn, Debra Winger, Julianne Moore, Naomi Watts, Demi Moore, Susan Sarandon y Bridget Fonda; y los escritores Noam Chomsky, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Ángeles Mastretta y Jordi Soler. El documento reclama mucho más que justicia para la periodista que dio voz y protege a niños y niñas abusadas. Los firmantes declaran que "lo que está en juego es saber, de una vez por todas, si las y los mexicanos comunes tenemos alguna posibilidad de que el Estado nos proteja de los criminales que se alían con servidores públicos, esos que desde el poder ejecutivo y el judicial utilizan el Sistema de Justicia Penal para proteger redes criminales de todo tipo, incluyendo redes de pornografía infantil y corrupción de menores".

Lydia Cacho, Premio Nacional de Periodismo 2002 y directora de un centro de atención a mujeres víctimas de violencia en Cancún, publicó el libro Los demonios del Edén (Grijalbo 2005), donde documenta la explotación sexual de menores, el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito de hoteleros y empresarios corruptos en Cancún, uno de los principales polos turísticos de México. Al frente de la red delictiva estaba Succar Kuri, próspero hotelero de origen libanés que fue detenido en Estados Unidos y posteriormente extraditado a México. Su compinche de parrandas, Kamel Nacif, conocido como el rey de la mezclilla en Puebla por ser dueño de fábricas textiles, tenía amistades influyentes en este estado, empezando por el gobernador Marín, caudillo del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Con la connivencia de fiscales y jueces el mandamás poblano movió los hilos para lograr la detención de Lydia Cacho en diciembre de 2005 en Cancún, desde donde fue trasladada por tierra hasta Puebla. La periodista estuvo prácticamente desaparecida durante 20 horas. En su destino le aguardaba la cárcel y una denuncia de Kamel Nacif por difamación. La calaña del empresario textil y su cuate, el gobernador, quedó en evidencia en unas conversaciones telefónicas entre ambos que difundió el diario La Jornada. Aquellos diálogos revelaban algo más que el estilo barriobajero de los contertulios, demostraban que Marín estuvo detrás del acoso policial y judicial contra la periodista.

Lydia Cacho se había atrevido a denunciar en su libro al pederasta Succar Kuri gracias al testimonio de dos de sus víctimas, dos niñas que estuvieron refugiadas en el centro que dirige la periodista. Luego continuó su batalla contra los abusadores ante los tribunales. "La respuesta en su contra ha sido implacable", relata el comunicado firmado por los 2.000 intelectuales. "El sistema judicial ha puesto en operación una gran cantidad de recursos y subterfugios para castigar su atrevimiento: la desaparición de pruebas, incluida la computadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en que estaban testimonios de testigos claves, el amedrentamiento de testigos, la repetición ad nauseum de interrogatorios para desgastar a la denunciante, el atentado perpetrado en la camioneta de PGR (Fiscalía) en que viaja la periodista; la campaña de descalificación de parte del Gobierno poblano contra Cacho, gracias al acceso ilegal de materiales en poder de la Fiscalía y el tortuguismo malintencionado de ministerios públicos y jueces".