El nombre de la cosa
El acuerdo alcanzado in extremis por los líderes de los Veintisiete para desbloquear un nuevo tratado simplificado que permita a la UE superar el trauma del no de franceses y holandeses a la Constitución europea, salvando sus contenidos esenciales para funcionar mejor y asentar su voz en el mundo, es un paso adelante que refleja una voluntad de entendimiento y de compromiso. Pero visto en perspectiva no deja de ser lamentable que se haya logrado al precio de rebajar el grado de europeísmo del que los líderes de los principales países de la UE habían hecho gala en la Constitución europea; entre ellos, Tony Blair, que justo en el momento de su despedida tanto ha contribuido a diluir el texto que él mismo había firmado en 2004. En la práctica no cambia mucho, pero esta larga y difícil negociación ha puesto de manifiesto unas profundas divergencias sobre el sentido último de la Unión Europea que pueden pesar negativamente en el futuro.
Esa devaluación se ha manifestado claramente en el abandono del propio título (algo grandilocuente) de Constitución para Europa, por el más modesto de Tratado de Reforma, que la equipara a pasos anteriores en el desarrollo de la UE. Y se ha puesto de relieve también en el abandono de la idea de crear la figura del ministro europeo de Asuntos Exteriores -denomi-nación que refuerza el sentido de Gobierno europeo- para mantener la más técnocrática de alto representante de la UE. El cambio de nombre no reduce sus competencias, pues seguirá estando en el Consejo y también en la Comisión, ahora como vicepresidente y con más medios; pero nunca podrá ocupar el lugar de Francia o el Reino Unido en el Consejo de Seguridad de la ONU, de acuerdo con el celo británico por la soberanía nacional en política exterior.
Sarkozy, por su parte, ha logrado eliminar la prioridad de la libre competencia, básico para el mercado interior europeo, en favor de los objetivos de la economía social de mercado y el pleno empleo. Aunque, de nuevo, poco cambie en la práctica, el presidente francés empieza a cumplir así su promesa de que Europa proteja a sus ciudadanos. La creación de un presidente fijo del Consejo se mantiene. Y Blair ha logrado algunas excepciones para su país, entre otras que no tenga valor jurídico en su país la Carta de Derechos Fundamentales, que se mantiene.
El núcleo de la lucha por el poder -el reparto entre los Estados de los votos en el Consejo de Ministros- se ha saldado sin grandes daños. La Polonia de los gemelos Kaczynski, negociando a dúo desde Bruselas y Varsovia, ha aceptado la doble mayoría de la Constitución (55% de los Estados que representen 65% de la población), pero el nuevo sistema no entrará en vigor hasta 2014 (y excepcionalmente hasta 2017), lo que reforzará la posición polaca ante la negociación del próximo marco presupuestario de la UE. En cuanto a las instituciones, la Comisión, la creación más original del entramado comunitario, es la gran perdedora frente al Consejo.
La presidenta de turno, Angela Merkel, ha demostrado dotes de gran negociadora para lograr un acuerdo decente que no pone en tela de juicio los equilibrios de la Constitución. Para ello ha contado con la colaboración constructiva de Sarkozy -el verdadero impulsor de la fórmula de minitratado para evitar un nuevo referéndum- de un activo Zapatero y de Prodi, junto al luxemburgués Juncker y al griego Karamanlis. Se perfila así -con la incógnita de qué hará Gordon Brown una vez que suceda a Blair-, un nuevo y flexible equipo dirigente entre los Veintisiete. Un grupo rector potente será necesario ante una Europa más difícil de gobernar, cuyo centro de gravedad es la zona euro a la que se sumarán ahora Malta y Chipre, en la que no están ni británicos ni, por ahora, los polacos.
En julio arrancará una Conferencia Intergubernamental para redactar antes de fin de año, con este mandato acotado, el nuevo tratado a ratificar, si no hay nuevos sobresaltos, antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 2009. Va a ser una Unión con más excepciones, especialmente para los británicos, que no parecen dispuestos a compartir la soberanía en el mismo grado que otros, con opt outs, y cooperaciones reforzadas. En definitiva, una UE de geometría variable, como estaba previsto. En una Europa de 27, con intereses tan dispersos, es deseable para evitar que deje de avanzar.
Se ha logrado que se mantenga la ampliación de las áreas a decidir por mayoría cualificada, que se avance hacia una política de inmigración compartida y hacia una seguridad interna común (con excepciones británicas), y no se han traspasado las esenciales líneas rojas que habían fijado conjuntamente España y Francia. Que no figure formalmente la primacía del derecho comunitario sobre el nacional no cambia gran cosa la realidad jurídica de hecho. Como tampoco cuestiona la existencia de bandera e himno de la UE, aunque el nuevo tratado no los mencione. Lo acordado este fin de semana salva el 90% de los elementos esenciales de la Constitución, pero en el empeño ha perdido el nombre y, con él, una parte de su alma.
