El Gobierno recalca que sus recursos superan las exigencias de la ley de Dependencia

El viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra, aseguró ayer que la atención y las prestaciones que garantiza en toda España la ley de Dependencia a las personas que no pueden valerse por sí mismas están "plenamente" garantizadas en estos momentos en Euskadi e incluso las superan de sobra. Consuegra recalcó contundente que todos los ciudadanos catalogados como grandes dependientes (la máxima calificación que se otorga por las carencias físicas o mentales) han sido evaluados y ya están recibiendo algún tipo de prestación, fundamentalmente, una plaza en una residencia.

Consuegra y su homólogo de Sanidad, Rafael Cerdán, comparecieron ayer ante la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento para explicar cómo está progresando la coordinación entre sus dos departamentos en el campo de la atención sociosanitaria y en la unificación de criterios a la hora de baremar a los ciudadanos discapacitados. Este aspecto resulta fundamental a la hora de conceder a los solicitantes las diversas prestaciones, tal y como estipula la ley de Dependencia, que entró en vigor el pasado 1 de enero tras su aprobación por las Cortes y es de obligado cumplimiento en todo el país.

El viceconsejero de Asuntos Sociales recalcó que dicha ley supone un reto de "primera magnitud" para el conjunto de las comunidades, pero indicó que Euskadi se halla preparada para afrontarlo con garantías. En esta línea, precisó que el País Vasco cuenta con un total de 19.700 plazas en residencias de ancianos y otras 2.151 para grandes discapacitados para albergar a los 11.500 ciudadanos considerados como grandes dependientes que la ley considera para la comunidad autónoma. "Hay plazas de sobra para todos", zanjó Consuegra después de que la parlamentaria del PSE Gemma Zabaleta le cuestionase por los medios que están poniendo las administraciones vascas al servicio de la ley.

La norma estatal garantiza a todos los ciudadanos que sufren una gran discapacidad los recursos y prestaciones para que puedan llevar una vida más digna. Dichas prestaciones, que corren a cargo de las comunidades previa financiación del Estado, pueden materializarse en una plaza en una residencia, asistentes en el domicilio familiar o el pago de un sueldo a la persona que se hace cargo del enfermo que, por regla general, suele ser un familiar. La cobertura alcanzará en 2008 a los ciudadanos con una severa dependencia y progresivamente se irá cerrando el círculo hasta que en 2015 estén garantizadas las prestaciones a todas las personas con alguna discapacidad.

Cerca de 70.000 ciudadanos que viven en Euskadi presentan algún grado de dependencia

Diferentes baremos

Para tener acceso a esas prestaciones, el primer paso es que los técnicos del área de bienestar social de la diputación correspondiente evalúen el grado de discapacidad del ciudadano en cuestión y, en función de ella, clasificarle y concederle las ayudas pertinentes. Las tres diputaciones ya pusieron en marcha el año pasado un sistema único para todas ellas, que ha sido cuestionado por el Gobierno central, que les ha obligado a adaptar el que está en vigor para toda España.

Consuegra apuntó que el baremo empleado por las diputaciones permite conocer con mayor "profundidad" el alcance de la discapacidad y por eso el t4ripartito ha solicitado a la Administración central que le deje seguir utilizándolo a la vez que se crean una serie de instrumentos para compartir información con el otro sistema. La negativa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha propiciado una situación paradójica: el grado de dependencia se mide en Euskadi con dos baremos, lo que no implica "un doble trabajo", matiza Consuegra. "El técnico que realiza el test y las pruebas a los ciudadanos con dependencia usa los dos baremos en el mismo tiempo, ya que muchas de las cuestiones que se plantean son similares. La diferencia es que el baremo de las diputaciones, que es calcado al que usan en EEUU, permite acceder a un grado de detalle mayor. Por eso, coexistirán los dos procedimientos".

Junto con el baremo, los ciudadanos deben presentar un informe de salud en el que su médico de cabecera certifique los males que le aquejan y sus lesiones. El Ejecutivo central ha dejado en manos de las comunidades autónomas la forma de elaborar ese documento y en el caso de Euskadi, los departamentos de Sanidad y Asuntos Sociales se pusieron de acuerdo el pasado mes de marzo sobre cómo debe ser el formulario, el formato y la logística en el conjunto de los tres territorios. El viceconsejero de Sanidad resaltó la importancia de disponer de este documento unificado: "La coordinación entre los servicios sociales y sanitarios resulta fundamental para ofrecer una buena asistencia y que los ciudadanos tengan clara cuál es la puerta de entrada al sistema. El espacio sociosanitario tiene que convertirse en una realidad".