Las peticiones de evaluación saturan los servicios sociales municipales

Los servicios sociales de los ayuntamientos se han saturado con la presencia de ciudadanos discapacitados, que acuden a ellos para que les evalúen su grado de minusvalía y así poder optar a las prestaciones que detalla la ley de Dependencia. Desde que los ciudadanos pueden acudir a esta baremación, a partir de finales de abril, alrededor de 2.000 personas han pasado por los servicios sociales. A la espera de que se concrete el catálogo de prestaciones y el copago al que estarán obligados algunos ciudadanos, los dependientes sólo pueden dirigirse a los ayuntamientos y solicitar un formulario para pedir la valoración y otro para que lo rellene su médico de cabecera.

Los servicios municipales se encargan de elaborar un informe social y posteriormente envían todo el expediente a la Diputación. Los técnicos del área de bienestar social se encargarán después de evaluar la minusvalía mediante un test y pruebas que realizan al ciudadano discapacitado en su propio domicilio, recalcó ayer el viceconsejero de Asuntos Sociales.

Estas pruebas permiten otorgar una serie de puntos (en una escala del 1 al 100) y confirmar el grado de dependencia que sufren según esa puntuación. Existen varios tipos de prestaciones, que van desde obtener plaza en una residencia hasta el pago al familiar que cuida del enfermo, pasando por la subvención de un asistente social que trabaje a domicilio.

Las prestaciones sólo beneficiarán este año a los ciudadanos que tienen la consideración de grandes dependientes. Según Consuegra, "a los servicios sociales están acudiendo ciudadanos con diferentes tipos de discapacidad y se les atiende a todos, aunque las prestaciones están limitadas por ahora y, según la ley, a un grupo de terminado. Sin embargo, las diputaciones también ofrecen servicios y ayudas al resto".

Entre las cuestiones que aún quedan pendientes a nivel nacional una de las más importantes es la definición del copago. La previsión de Consuegra es que empiecen a despejarse las dudas en la próxima reunón del Consejo Teritorial de la Dependencia, que reúne al Gobierno central, las autonomías y las tres diputaciones vascas.