Papeles de Salamanca, segunda parte

Llegaron 500 legajos hace 15 meses, tras mucho ruido mediático y político de oposición. Siete de esos legajos se quedaron por el camino tras un recurso, pero ya deberían haber llegado también. Ni eso, ni nada más desde entonces: ni reuniones de la comisión mixta Estado-Generalitat ni ninguna otra operación para la devolución del resto de documentos confiscados durante el franquismo (unas 1.300 cajas más, según la identificación realizada ya por la Generalitat) que aún se encuentran en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca y que deben ser devueltos por ley a Cataluña tras la aprobación de la comisión mixta.

Ante esa situación, el Departamento de Cultura y la Comisión de la Dignidad decidieron ayer hacer frente común y acelerar, cada uno por vías distintas pero complementarias, ese proceso. La comisión cívica anunció ayer que si no se desbloquea de manera definitiva la devolución de los papeles que aún faltan "reiniciaremos las movilizaciones populares a partir de otoño". Por su parte, para arañar tiempo y presionar al Ministerio de Cultura, el Gobierno catalán ha preparado ya las condiciones del concurso de digitalización de esos nuevos documentos, el protocolo de condiciones para su retorno a las personas privadas y la lista de entidades y particulares. Según la Generalitat, se trata de 296 entidades y privados afectados.

"No hay ningún obstáculo para que pueda reunirse la comisión mixta y nos parece incomprensible que no sea de manera inmediata", aseguró el consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserras, que reconoció contactos recientes con el ministerio para acelerar el proceso. "Entendemos las cautelas formales, incluso que algunos documentos identificados por nosotros no puedan estar del todo correctos, pero eso no puede ser una coartada para no tirar adelante el proceso ni reunirnos ya". Tresserras instó también a su homóloga Carmen Calvo a que "en un plazo breve se fije un calendario con garantías" para el retorno de la documentación. Un calendario que "no puede supeditarse al terreno electoral", aseguró un Tresserras que anunciaba tácitamente así su temor a que la devolución no se resuelva en esta legislatura y, por tanto, pudiera darse un cambio de escenario político en España que dificultara más el proceso.

"Nuestra paciencia se ha acabado", afirmó más contundente el abogado Josep Cruanyes, miembro de la Comisión de la Dignidad. "Estamos hablando simplemente del cumplimiento de la ley, que ya no se cumplió del todo con el retorno de documentos de hace un año: se retiraron siete legajos de manera discutible y aún no se han transferido a pesar de la resolución favorable de la Audiencia Nacional".

Paralelamente a la posible movilización ciudadana, la comisión cívica ha puesto en marcha una petición a los ayuntamientos y consejos comarcales catalanes para que emitan mociones de apoyo a la aceleración del retorno de documentos.

"El objetivo principal de la ley son las personas y no consentiremos que no las respeten", añadió Cruanyes. En esa línea, Tresserras aseguró que el de los papeles de Salamanca "es un tema de enorme sensibilidad en Cataluña, de una dimensión más moral que, incluso, de restitución histórica".