Los citricultores denuncian el perjuicio que supone la reforma agraria de la UE

La reforma de la política europea de frutas y hortalizas, acordada el martes en Luxemburgo, beneficia a la industria y perjudica a los productores citrícolas, según denunciaron ayer las principales organizaciones agrarias valencianas. Los sindicatos del campo se mostraron muy críticos con unas medidas que consideran de poco calado para un sector sumido en una fuerte crisis, y que cuentan con un presupuesto insuficiente. El campo también denunció la actuación del Gobierno, al que acusó de "traicionar al sector hortofrutícola" en su negociación.

La satisfacción mostrada el martes por el Ministerio de Agricultura contrastaba ayer con las críticas y el malestar del sector citrícola. La Unió de Llauradors partió de la premisa de que la anterior OCM (Organización Común de Mercado) de frutas y hortalizas no logró sus dos objetivos: concentrar la oferta y aumentar la renta de los agricultores. Y la nueva reforma, aseguró la organización, aunque es mejor que la propuesta inicial, "no soluciona la crisis" y precisa de medidas "de más calado", así como más presupuesto. La Unió subrayó que la UE traspasa buena parte de la responsabilidad al Gobierno.

La principal crítica, sin embargo, es que la reforma beneficia a la industria y a los grandes productores en detrimento del agricultor profesional. La Unió explica que el 60% de los citricultores están fuera de las organizaciones de productores, que son las que gestionan las ayudas europeas a la transformación. Y el hecho de que España seguramente opte por un periodo transitorio de cinco años mantiene la situación hasta 2012, cuando la ayuda pasará a ser a la superficie y se calculará a partir de un periodo histórico por determinar. Esto aumentará el desvío de fruta a la industria, aunque el presupuesto será el mismo, y además, ésta tendrá más capacidad de presión en precios y decidir contratos. La Unió pidió la unidad del sector valenciano para negociar los cabos sueltos con el Gobierno.

Otro punto criticado es que la prohibición para plantar frutas y hortalizas en campos que ya reciben ayudas por otros cultivos acaba en 2010, lo que aumentará la competencia. Los fondos de gestión de crisis también son insuficientes y siguen vinculados a las organizaciones de productores, según la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA). La reforma tampoco responde a la demanda del sector de aumentar el control a las importaciones. AVA se mostró mucho más dura con el Gobierno al que acusó de "traicionar al sector hortofrutícola español". En la misma línea el consejero de Agricultura, Juan Cotino, considera que el Gobierno no ha sabido negociar.

El presidente del Comité de Gestión de Cítricos, Vicente Bordils, destacó que Italia ha ganado la partida a España en la recepción de fondos para la transformación industrial de fruta y aseguró que éste hecho es fruto de la mala política española de industrialización. Las cooperativas españolas valoraron la reforma aunque insistieron en que quedan medidas por cerrar y UPA valoró la reforma.

Mañana, un responsable del Ministerio de Agricultura se reunirá en Valencia con el sector para explicar el acuerdo y tratar de cerrar flecos.